Una jueza reveló los malos tratos que recibía el ex presidente de la Judicatura de Ecuador en la cárcel donde estaba detenido

La jueza Enma Tapia ha revelado nuevos detalles sobre por qué otorgó la acción de habeas corpus a favor de Wilman Terán, ex presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador, procesado por casos de corrupción.

En una entrevista en el podcast Esto No es Político, Tapia indicó que en la audiencia se esperaba solo la presencia de los representantes del Servicio de cárceles (SNAI) y de la prisión de máxima seguridad, sin embargo aparecieron también delegados del Ministerio de Salud, de las Fuerzas Armadas y de la Procuraduría. Pese a eso, los representantes de las instituciones estatales no pudieron argumentar la necesidad de que Terán permanezca en La Roca ni pudieron desmentir los tratos crueles y degradantes que aseguró recibir: “El Estado no actuó y eso no cuentan. No cuentan que la Fiscalía no fue a defender el habeas corpus. No cuentan que el SNAI hizo la peor defensa que yo he visto en mis 30 años siendo abogada”, aseguró la magistrada.

Terán, que ejerce su propia defensa, argumentó que estaba confinado sin acceso a luz natural y que solo podía salir de su celda cada dos semanas. Esta falta de luz y movilidad resultó, según indicó Terán, en un impacto negativo en su salud mental y física.

La jueza Tapia recordó que cuando pidió a la defensa de la prisión La Roca que indicara si Terán sufría ese tipo de tratos, la abogada decidió acogerse al derecho al silencio, algo que no correspondía pues se trata de un derecho que sirve para los procesados. “Eso significa que le está dando la razón”, explicó Tapia.

Además, al solicitar al Ministerio de Salud un informe sobre la salud de Wilman Terán, el representante le presentó a la magistrada un informe indicando que el ex presidente de la Judicatura tiene depresión moderada, causada por el hecho de estar en prisión. No obstante, Terán rebatió dicho argumento y le mostró a la jueza una prescripción médica y unas tabletas de Quetiapina. El procesado dijo que evitaba tomar la medicación porque “quieren tenerlo sedado”.

En el podcast, la magistrada indicó: “A alguien no le gusta que Wilman Terán salga de esta cárcel (La Roca) donde no podía hablar, donde lo tenían medicado con medicación psicotrópica para depresión severa que ocasiona que no pueda hablar, que babee, que su cuello se caiga, que no controle esfínteres”.

La Quetiapina es un medicamento para la esquizofrenia severa y la depresión crónica. La medicación causa somnolencia, lo que provoca que una persona esté en un estado de sedación que le impida comunicarse con claridad. Además, la Quetiapina afecta el control motor, haciendo que algunos pacientes pierdan control sobre funciones básicas, como la producción de saliva, lo que explicaría el síntoma de “babear” que se menciona en el fallo. Otro efecto es la rigidez muscular, lo que podría explicar el comentario sobre la dificultad para mantener el cuello erguido. Asimismo, aunque la pérdida del control de esfínteres no es un efecto secundario común de la Quetiapina, los problemas de control muscular y motriz que pueden resultar del uso de este medicamento podrían afectar el control de esfínteres en casos graves.

La magistrada recordó que cuando le pidió explicaciones sobre la medicación al representante del Ministerio de Salud, este no supo dar una respuesta razonada y coherente e indicó sin ningún soporte científico o médico que las condiciones psíquicas y psicológicas de Terán podían cambiar en tres o cuatro días, lo que, según el tribunal, no resultó convincente. La administración de dicho fármaco se consideró como un trato degradante.

Asimismo, la magistrada recordó que los representantes del SNAI no pudieron probar que se garantizaba el derecho a la defensa de Terán. Además, el SNAI no demostró que existiera una amenaza real a la vida o integridad física de Terán que justificara su traslado a La Roca.

Tapia fue una de las dos juezas investigadas por presunto cohecho por la Fiscalía en el caso Confourtable, que se desprende del fallo que permitió que Terán sea trasladado de la cárcel La Roca, de máxima seguridad, a la cárcel 4 en Quito.

Con estos antecedentes, las juezas consideraron que las condiciones en La Roca no eran compatibles con el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales de Terán. Además, en pos de garantizar su derecho a la defensa ordenaron que se le permita conexión a Internet para que pueda ingresar al sistema judicial y revisar los expedientes de los procesos en los que está vinculado.

La jueza Tapia, que ahora está investigada por cohecho, ha señalado que ella y su familia tienen temor. A la jueza se la ha cuestionado porque uno de sus hijos, desde hace más de dos años, trabaja en la Judicatura. Ante este hecho, Tapia señaló que su hijo ingresó a la institución luego de un concurso y que Terán ni siquiera lo entrevistó para el cargo. Además, explicó que el cohecho por el que se la acusa debía suceder cuando llegó a sus manos el pedido de habeas corpus de Terán. La magistrada dijo que no es posible, en materia de derecho penal, que se hubiera configurado el cohecho –cuando un funcionario recibe algo para beneficiar a otro a través de su cargo– dos años antes.

La comunidad jurídica ecuatoriana ha criticado el allanamiento al despacho y domicilio de las juezas, pues ha sido visto como una acción desmedida de la Fiscalía considerando que la alerta sobre un posible delito provino de una llamada anónima. Varios abogados consideran que el caso Confourtable es una forma de amedrentamiento del Ministerio Público contra los jueces que no emitan fallos según sus intereses.