
Tras varios meses e intensas tratativas, la Cámara de Diputados y Diputadas despachó este martes el proyecto de ley que establece las restricciones, obligaciones y multas para las próximas elecciones municipales de alcaldes, gobernadores, concejales y consejeros, las que se realizarán el último fin de semana de octubre próximo en todo el país.
La iniciativa - que incluye el veto presidencial que repuso la multa a quienes no sufraguen - fue aprobada por 138 votos a favor y 2 en contra y decreta que las votaciones se realizarán en dos días - sábado 26 y domingo 27 de octubre -, pero solo el domingo será un feriado irrenunciable.
Sin embargo, votar es mandatorio, y se fijó una multa de unos $33 mil (USD 35), la que será emitida por los Juzgados de Policía Local. La buena noticia es que en esta oportunidad no habrá Ley Seca, por lo que los expendios de bebidas alcohólicas podrán funcionar con total normalidad.
El sábado 26 el comercio podrá funcionar con normalidad, pero el domingo 27, debido a que se decretó feriado irrenunciable de segunda categoría, solo podrán abrir sus puertas al público los supermercados, grandes tiendas de retail y aquellos locales que funcionen fuera de centros comerciales o malls, que deberán permanecer cerrados.
Quienes sí podrán trabajar como lo hacen a diario serán los dueños de sus propios locales comerciales, o sus familiares directos.
No olvidar que ese día, los votantes deben llevar su propio lápiz pasta azul para emitir el voto.

Casi 200 candidaturas rechazadas
Estas elecciones municipales, que se realizan cada cuatro años, no han estado exentas de polémica. El Servicio Electoral (Servel) rechazó este sábado 196 candidaturas, ya que dichos postulantes aparecen en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. 109 de los inhabilitados pertenecen a algún pacto de la oposición - Chile Vamos, Partido Republicano, Demócratas, Amarillos y el Partido Social Crisitiano - lo que ha puesto en aprietos a la derecha chilena.
En detalle, la mayor cantidad de candidaturas fallidas le corresponden a Renovación Nacional (27), Republicanos (27), la Unión Demócrata Independiente (17) y el Partido Social Cristiano (14). Desde la vereda del Gobierno, el Partido Radical inscribió a 22 candidatos que no habían llegado a un acuerdo monetario con sus ex parejas, y la Federación Regionalista Verde Social, 15.
La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, señaló tajante que los partidos tuvieron bastante tiempo para solucionar este tema, puesto que la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas - que fue impulsada por el Gobierno y se encuentra en vigencia desde mayo del año pasado- permite a los deudores salir del Registro pagando la deuda o incluso llegando a un acuerdo de pago.
“En el caso de las postulaciones de candidatos, está en la responsabilidad de cada persona informar a su partido respecto de su inhabilidad por estar en este registro. No es posible que alguien esté en el registro y no lo sepa, a menos que se haya desentendido del proceso judicial de alimentos”, aseguró Orellana.
Luego de conocerse la noticia, las dimes y diretes al interior de los diferentes partidos no tardaron en aparecer, ya que si bien solo los deudores y beneficiarios pueden acceder a los datos del Registro Nacional de Deudores, la directiva de cada partido bien pudo haber exigido algún documento a sus candidatos que probara que cumplían con este requisito primordial.
Según una nota de El Desconcierto, la desazón cunde en dichos partidos - tanto de la oposición como del oficialismo -, puesto que el plazo para la apelación expira este jueves y, en caso de que alguno de los candidatos pague o llegue a un acuerdo de pago, el tribunal correspondiente emite la orden recién entre tres y cuatro días hábiles después. Dichas candidaturas, por ende, ya se consideran perdidas.
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