Uno de los mayores gastos públicos del Gobierno de Bolivia tiene que ver con la subvención de los carburantes. Poco antes de ser removido del cargo, el exministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, informó que el país destina 2.000 millones de dólares para subvencionar la gasolina y el diésel y que alrededor de 600 millones se pierden debido al contrabando de combustible a través de las fronteras porosas del país.
Anteriormente, el presidente Luis Arce explicó que el país importa el 58% de la gasolina y el 86% del diésel que se consume. Esto explica que no haya una escasez de gasolina tan aguda como la que hay de diésel y que ha provocado recurrentes manifestaciones por parte del transporte pesado.
La subvención es una ayuda que el Estado ofrece a las empresas para reducir sus costos operativos y para los consumidores. Sin embargo, al estar subvencionado, su precio es comparativamente más bajo que el de los países vecinos -el litro de gasolina especial cuesta 3,74 bolivianos y el de diésel 3,72 bolivianos, lo que equivale en ambos casos a alrededor de 0,53 dólares-, lo cual ha derivado en el incremento del contrabando mediante conexiones privadas clandestinas o bidones.
En medio de la crisis económica que enfrenta Bolivia, el Gobierno mantiene expectativa en la producción de biodiésel que puede aliviar la pesada carga de la subvención y ha tomado algunas medidas para evitar la fuga de carburantes por las fronteras. En 2023 se emitió el Decreto Supremo 4910 que regula la venta de combustible en zonas fronterizas con un límite de 50 litros mensuales y a mediados de esta gestión se reforzaron los controles fronterizos para detener el comercio ilegal de combustibles.
Reportes de prensa local evidenciaron que en la frontera entre la localidad de Bermejo con la argentina Aguas Blancas, el litro de gasolina se vendía hasta en cuatro veces su valor, por lo que se limitó también la venta de combustible en bidones.
En el primer semestre de este año, se decomisaron 130.000 litros de diésel y 68.100 litros de gasolina en operativos en las fronteras con Perú y Argentina, según un reporte del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando.
Un referendo y dos gasolinas
La falta de liquidez de dólares ha derivado en el desabastecimiento crónico de combustibles, principalmente diésel. Desde hace varios meses que se observan largas filas de vehículos y camiones a la espera de cisternas que abastezcan las estaciones de servicio, lo cual le ha generado al presidente conflicto con sectores clave -como el transporte- y una caída general en la aprobación de su Gobierno.
En ese contexto, el presidente Arce ha propuesto un referendo para tratar la subvención de los carburantes -además de dos modificaciones constitucionales carácter político-y ha anunciado el ingreso de un nuevo tipo de gasolina de alto octanaje, la Ultra Premium 100 cuyo precio será más alto estará sujeto a las variaciones internacionales del petróleo. De igual forma, subió el precio de la gasolina Premium que se vendía a 4,79 bolivianos y se elevó a 5,71 bolivianos por litro. En tanto los precios de la gasolina especial y el diésel se mantendrán, al menos por ahora.
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