Impulsan en Uruguay una ley para que los delitos sexuales contra menores no prescriban

Uruguay está en el tramo final de su legislatura y algunos proyectos han quedado relegados. Uno de ellos fue presentado en 2020 por la senadora Amanda Della Ventura, del Frente Amplio, y promueve cambiar el Código Penal para impedir que los delitos sexuales prescriban. El texto naufragó en su trámite parlamentario, pero se busca reimpulsarlo en el tramo final del período.

Según el Código Penal uruguayo, todos los delitos prescriben luego de determinado plazo, menos los de lesa humanidad. La norma establece que los hecho que se castigan con una pena de penitenciaría prescriben según la pena que le corresponde. Pero el Frente Amplio pretende cambiar esta disposición para que los delitos sexuales contra niños y adolescentes sean imprescriptibles.

Un colectivo feminista busca reimpulsar esta propuesta. Se trata del Proyecto Ikove, que está formado por víctimas y sobreviventes de la violencia sexual, que la semana pasada organizó una actividad en el Palacio Legislativo –la sede del Parlamento uruguayo–, a la que asistieron legisladores de todos los partidos, informó Montevideo Portal.

Además de impulsar la modificación en el Código Penal, este colectivo promueve una serie de acciones sobre el tema, como la educación integral para los menores de edad para que identifiquen posibles situaciones de violencia. También impulsan la realización de campañas de sensibilización y expresaron su interés para que víctimas y sobrevivientes tengan una reparación digna y restitución de sus derechos.

Este colectivo propone además que se garantice el acceso a los tratamientos de salud mental con profesionales y que los operadores de la Justicia tengan formación específica en perspectiva de género.

En los últimos tres semestres, en Uruguay se registraron 4.587 denuncias por violencia sexual, según los datos del Ministerio del Interior. El 72% de las denuncias por agresiones sexuales corresponde a violencia hacia niños y adolescentes y dos de cada tres agresiones sexuales a menores ocurren en un ámbito intrafamiliar. De hecho, el 98% lo sufrió en el domicilio.

Solo el 23% de las denuncias por agresiones sexuales a niños se realizan dentro de las primeras 24 horas de ocurrido el hecho. En 2023, el 80% de las víctimas de violencia sexual atendidas por el Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) fueron mujeres. En 2023, esta oficina atendió cerca de 2.000 situaciones de violencia sexual.

Entre 2019 y 2023, en tanto, el Poder Judicial realizó 2.250 imputaciones por delitos sexuales, según informó Fiscalía. El 96% de ellos fueron varones.

La actividad organizada por el este colectivo feminista fue cerrada por la senadora Della Ventura y Silvia Nane, dos de las principales impulsoras del proyecto de ley. En mayo de 2022, Nane había pedido que se acelerar el tratamiento de esta reforma legal. “Me parece muy importante que este proyecto se ponga a estudio de la comisión como uno de los prioritarios. Es nuestra responsabilidad extender la protección a niños, niñas y adolescentes (...) Hay marcadas vulneraciones a los derechos de esa población”, declaró entonces a La Diaria.

Nane argumentó que este tipo de agresiones provocan un “daño para toda la vida”, lo que justifica que sean imprescriptibles.

La exposición de motivos del proyecto de ley expresa que “el fundamento del paso del tiempo vinculado a la prescripción no es de aplicación por las características muy particulares que tiene” y por la “afectación que provoca en las víctimas” para toda la vida. “Las especificidades de estos hechos delictivos son incompatibles con las reglas generales de la prescripción, siendo frecuente la impunidad de múltiples casos por haber prescrito el delito al momento en que la víctima lograr autonomía y puede transitar los procesos psicológicos internos imprescindibles para su acceso a la Justicia”, argumentan los impulsores.