
Este martes, la tragedia se desató en la populosa comuna santiaguina de Estación Central cuando un bebé de ocho meses, fue hallado sin signos vitales al interior de una guardería irregular. El hecho se suma a la muerte, a principios de junio, de una niña de tres años que cayó desde el octavo piso de un edificio en Quinta Normal, luego de que la mujer a cargo de cuidarla saliera del departamento por 20 minutos.
Ambos casos impactaron a la opinión pública, pero por sobre todo pusieron en relieve el grave problema que afecta a miles de familias que no tienen dónde dejar a sus niños por las mañanas mientras van a trabajar, debido al alto costo de la oferta privada y, principalmente, a que los jardines infantiles y salas cuna públicos están colapsados.
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Ante este escenario, las guarderías ilegales han proliferado en buen parte del país, pero sobre todo en las comunas donde viven más inmigrantes. Y los accidentes no se han hecho esperar, puesto que no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad.
En el último caso conocido, la cuidadora explicó que a eso de las 12:00 horas dejó al bebé durmiendo boca abajo y cuando lo fue a ver, una hora y media después, no respiraba. La criatura, de nacionalidad chilena y de padres dominicanos, murió producto de un paro cardiorrespiratorio por asfixia.
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Este miércoles, durante la audiencia de formalización, se supo que la mujer, de 42 años, tenía otros diez niños a su cargo. El tribunal, sin embargo, la dejó en libertad y la citó a declarar como imputada, cuestión que no cayó nada de bien en la familia del niño.
“Su muerte no se va a quedar impune”, aseguró Rosa Gomera, abuela del menor. “A ella le pagaban por el cuidado de los niños, entonces si ella sabe que no podía cuidar a más de cinco, no cojas a diez. Sea donde sea, ella me va a tener que dar la cara, porque esto no se va a quedar así”, amenazó.
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No hay cupo
Según explicó al matinal Mucho Gusto de Mega el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, la familia había hecho los trámites para ingresar a su hijo a un jardín infantil de la municipalidad, pero estaban en lista de espera por falta de cupos. El edil detalló que su municipio administra nueve jardines de infantes y que tienen cupo para más de 800 niños, pero hay “una lista de espera de 1.600 niños y niñas que están esperando ingresar”.
Por su parte, Anuar Quesille, titular de la Defensoría de la Niñez, aseguró que las guarderías infantiles ilegales son “un fenómeno alarmante que se origina ante la falta de cupos y el difícil acceso que presentan muchos jardines estatales, lo cual propicia la creación de este tipo de cuidados irregulares”.
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“Ante esta evidente precariedad que presenta el sistema, como Defensoría de la Niñez hemos manifestado reiteradamente que es urgente establecer una regulación para determinar un órgano estatal que tenga las capacidades para determinar el funcionamiento y fiscalización de estas guarderías, más allá de las patentes que les otorga la municipalidad correspondiente”, indicó.
Cabe señalar que el proyecto de Ley de Sala Cuna Universal ya fue aprobado en abril pasado. Sin embargo, varios legisladores presentaron indicaciones al proyecto, las cuales deberán ser discutidas en las comisiones de Trabajo y de Educación.
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Por otra parte, un estudio elaborado por Pluxee estableció que el costo mensual promedio de un jardín infantil privado es de $460.877 (USD 492), en el caso de las salas cunas, y de $385.732 (USD 412) para las guarderías infantiles, según consigna una nota de El Dínamo. Trascendió que la mujer que cuidaba al lactante recientemente fallecido cobraba $80.000 (USD 85).

Mayor fiscalización
Tras conocerse la noticia, las diputadas Carla Morales (RN) y Karen Medina (IND) pidieron al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, implementar medidas que permitan fiscalizar esta guarderías ilegales.
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“El Estado tiene la responsabilidad de establecer un marco legal claro y desarrollar mecanismos efectivos de fiscalización”, dijo la diputada Morales.
“Estas instalaciones no cumplen con los estándares de higiene ni con el equipamiento necesario, lo que resulta en condiciones precarias y peligrosas. Es alarmante que estas situaciones sigan ocurriendo debido a la falta de supervisión y control por parte del Estado”, sostuvo Medina.
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“Muchos padres no tienen otra opción que recurrir a estas guarderías clandestinas debido a su condición económica, pero el riesgo para sus hijos es inaceptable. Es fundamental que todas las familias tengan acceso a opciones de cuidado infantil que garanticen la seguridad y el bienestar de sus hijos”, remató la diputada parlamentaria.
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