Ecuador se ha convertido en uno de los puntos neurálgicos del tráfico de drogas a nivel mundial. Una nueva incautación de cocaína lo demuestra. El hallazgo se produjo en un contenedor cargado con banano que iba a ser exportado a Rusia. La Policía Nacional ecuatoriana informó de la incautación.
La operación se efectuó en la provincia costera de El Oro, ubicada en el sur de Ecuador y fronteriza con Perú. Según los informes oficiales, los agentes policiales llevaron a cabo una inspección exhaustiva del contenedor con la asistencia de un perro antidrogas que detectó la presencia de la sustancia ilícita. Al abrir el contenedor, los policías descubrieron 3.190 bloques de cocaína de forma rectangular, todos envueltos en cinta de embalaje y ocultos entre las cajas de banano.
El valor estimado de este cargamento de droga en Ecuador es de aproximadamente USD 6,6 millones. Sin embargo, este valor se incrementa significativamente al llegar a su destino final en Rusia, donde la Policía calcula que podría haber alcanzado un valor cercano a los USD 254 millones, según recogió agencia EFE.
El contexto geográfico y económico de Ecuador ha contribuido a su papel en el tráfico de drogas. La cercanía con Colombia y Perú no solo facilita el tránsito de la cocaína, sino que también incrementa los desafíos para las autoridades locales en su lucha contra el narcotráfico. Los puertos ecuatorianos, especialmente el de Guayaquil, se han convertido en puntos estratégicos para el envío de drogas hacia mercados internacionales. Además, la economía dolarizada del país proporciona un atractivo adicional para los traficantes, quienes encuentran en Ecuador un entorno favorable para sus operaciones ilícitas. Esto se señala en un informe elaborado por la Policía Nacional sobre la situación del narcotráfico en el país.
Nuevo estado de excepción
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, suscribió un nuevo estado de excepción focalizado para Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay. La medida –que se extenderá por 60 días– se da “por los graves índices de violencia... y al no ser posible su contención con las medidas ordinarias constitucionales”, según se argumenta en el decreto ejecutivo.
Los datos oficiales inscritos en el decreto indican que el 87% de muertes violentas se producen con armas de fuego. Entre el 1 de marzo de 2024 al 19 de junio de este año, el 44% de homicidios intencionales del país se concentraron en Guayas. En la misma provincia el peso de la violencia contra niñas, niños y adolescentes representó el 49% a escala nacional. En las zonas bajo estado de excepción se limitará el derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia y a la libertad de asociación y reunión.
En un comunicado, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia indicó que: “Este decreto cuenta con el respaldo de la Asociación Mundial de Juristas (WJA, por sus siglas en inglés), institución que -en su calidad de observadora jurídica- elaboró un informe que concluyó que el documento se ajusta al marco constitucional”. Esto porque un decreto similar, emitido anteriormente, no superó el filtro de constitucionalidad de la Corte Constitucional. A pesar de lo informado por el Ejecutivo, la única institución que puede declarar si el estado de excepción se enmarca o no en la Constitución es el alto tribunal constitucional.
El estado de excepción implica el despliegue de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para ejecutar operaciones contra las bandas del crimen organizado, a las que Noboa ha señalado como objetivos militares desde inicios de año cuando declaró el conflicto armado interno. Esta categoría ha sido cuestionada por organizaciones internacionales como Human Rights Watch.
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