Caso Purga en Ecuador: uno de los procesados pagó cientos de miles de dólares para obtener sentencias favorables

El procesado del caso Purga y Metástasis, Daniel Salcedo Bonilla, expresó su disposición a colaborar con las autoridades judiciales, a cambio de protección para él y su familia, así como beneficios para su hermano Noé, actualmente detenido en la cárcel de Latacunga.

Durante su testimonio otorgado como parte de las diligencias del caso Purga, Salcedo reveló detalles sobre presuntas actividades corruptas dentro de la Corte Provincial del Guayas, involucrando a varios individuos, entre ellos, Mayra Salazar, ex relacionista de la Corte y Fabiola Gallardo, quien era la presidenta del tribunal.

De acuerdo con su declaración, recogida por Expreso, Salcedo aseguró haber sido víctima de extorsión por parte de jueces y otros operadores judiciales, quienes presuntamente le habrían solicitado grandes sumas de dinero para influir en los resultados de sus casos legales. En particular, mencionó haber pagado USD 100.000 a Alberto Lino Tumbaco para obtener una declaración de inocencia en un caso de peculado. Además, afirmó haber entregado USD 20.000 a Johann Marfetán, también procesado en el mismo caso, a través de terceros para un habeas corpus. También señala haber pagado USD 70.000 a Reinaldo Cevallos por su traslado a otra cárcel en el caso de corrupción hospitalaria.

Con respecto a su relación con Fabiola Gallardo, Salcedo señaló haberla conocido a través de Mayra Salazar y haber mantenido comunicación con ella mediante una aplicación de mensajería. Además, describió haberse reunido con Gallardo en su residencia en Ciudad Celeste, en Guayaquil, aunque no puede recordar la fecha precisa ni los detalles del vehículo en el que llegó.

En su testimonio, Salcedo Bonilla también detalló haber pagado USD 150.000 a Fabiola Gallardo. De esta cantidad, USD 50.000 fueron destinados a cada uno de los tres jueces que revisarían su caso, y los restantes USD 50.000 a Gallardo, según sus declaraciones. Estos pagos supuestamente estaban relacionados con la manipulación de casos judiciales a su favor.

Salcedo ya fue condenado por la venta irregular de medicinas durante la pandemia por coronavirus. Entonces, cuando empezó esa investigación, el hombre intentó huir pero la avioneta se estrelló en Tumbes, Perú. Salcedo Bonilla también estuvo vinculado a otros escándalos de corrupción.

Según el Ministerio Público, en el caso Metástasis, Salcedo era el planificador de estrategias ilegítimas dirigidas a asegurar la liberación de Leandro Norero mediante el ofrecimiento de sobornos a operadores de justicia. Este sistema corrupto estaba firmemente arraigado, con funcionarios judiciales como Mayra Salazar, Richard G., Ronald G., y otros, que respondían a los intereses de Salcedo para manipular el sistema de justicia, según la acusación de la Fiscalía. Además de su implicación en corrupción judicial, Salcedo orquestaba delitos contra la administración pública en empresas estratégicas como Petroecuador, la Corporación Nacional de Electricidad, Corporación Eléctrica del Ecuador y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Su modus operandi, explica la Fiscalía, implicaba la compra de influencia en espacios públicos para facilitar la adjudicación de contratos y recuperar las inversiones realizadas. Fue condenado por la venta irregular de medicinas y estuvo vinculado a escándalos de corrupción en dos hospitales de Guayaquil durante la pandemia. A pesar de los cargos en su contra, un juez en Manabí lo liberó, argumentando que la prisión preventiva había caducado en los procesos abiertos en su contra. Sin embargo, fue capturado en Panamá por la Interpol en enero de 2024.

Los contundentes operativos del 14 de diciembre de 2023, del caso Metástasis, y del 4 de marzo de 2024, del caso Purga, mostraron la infiltración del narcotráfico y del crimen organizado en las instituciones ecuatorianas. La red de favores ilegales encabezada por un narco asesinado y sus socios, así como el manoseo de la justicia en una de las cortes provinciales más importantes del país dan prueba del debilitamiento del Estado, del desgaste de la política y de cómo ciertos los funcionarios públicos eran serviles a los criminales.