
El Gobierno de Guyana manifestó este jueves su profundo descontento ante la reciente promulgación de la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba por parte de Venezuela, que dispone la anexión del Esequibo a su territorio, y condenó este accionar de Nicolás Maduro.
En un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores, enviado al Palacio de Miraflores, los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), y a los secretarios generales de la ONU y la OEA, Antonio Guterres y Luis Almagro, la nación denunció que la reciente maniobra constituye “una flagrante violación de los principios más fundamentales del derecho internacional consagrados en la Carta de las Naciones Unidas” y advirtió que “no tolerará la anexión u ocupación de ninguna parte de su territorio soberano”.
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Este miércoles, Maduro dio el último paso y terminó de oficializar esta nueva norma, aprobada por el Poder Legislativo el 21 de marzo, cuyo sustento se basa en el referéndum celebrado el 3 de diciembre, en el que el oficialismo asegura que más del 95% de la población manifestó su voluntad de anexionar la zona en disputa.
Asimismo, la consulta popular rechazó la jurisdicción del máximo tribunal de las Naciones Unidas para la resolución de esta controversia y proporcionó a Caracas el marco legal que necesitaba para avanzar en sus planes de otorgar la ciudadanía a los residentes actuales y futuros.
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Si bien aún no está claro de qué formas Maduro planea disponer del territorio, lo cierto es que ya adelantó que, en un primer momento, se encargará de nombrar a un gobernador para la zona y la Asamblea Nacional ejercerá sus competencias legislativas allí.
Inmediatamente tras conocerse la noticia, Guyana rechazó la iniciativa y abogó nuevamente por la mediación de los tribunales internacionales. “Si Venezuela quiere impugnar el título del territorio en cuestión, el foro adecuado es la Corte Internacional de Justicia”, agregaron desde Georgetown y resaltaron que “siempre hemos respetado los principios de la Carta de las Naciones Unidas, el estado de derecho y la solución política de las controversias”.
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En ese sentido, la nota del Ministerio de Exteriores denuncia que la maniobra del Palacio de Miraflores incumple los lineamientos suscritos en el pacto del 14 de diciembre en San Vicente y las Granadinas, que incluyen la negativa a las amenazas sobre el uso de la fuerza en esta disputa.
El pacto se ve “nuevamente, seriamente amenazado por las palabras y acciones” de Maduro quien, a su vez, emitió “declaraciones ofensivas e indignas” contra el presidente Irfaan Ali, agregaron.
Venezuela, por su parte, rechazó “de manera íntegra y contundente” las protestas de su vecino y sostuvo que la promulgación de la nueva legislación “es un acto soberano que compete sólo a los venezolanos y su objetivo de defender y preservar los derechos incuestionables del país sobre el territorio de la Guayana Esequiba”.
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Inclusive, aprovechó la oportunidad para cargar nuevamente contra Estados Unidos -su principal enemigo- y lo acusó de tener “bases militares secretas” en este perímetro de 160.000 km2, que forman parte de “la peligrosa maniobra diseñada por ExxonMobil” junto con “el Comando Sur y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), con el fin de apropiarse de recursos estratégicos que se encuentran en el mar por delimitar”.
Desde la Casa Blanca han negado rotundamente estas denuncias y respaldaron una solución pacífica del conflicto. “No hay planes para ubicar una base militar”, comenzó diciendo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, antes de señalar que “hemos dicho muchas veces que hay un fallo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Guyana y Venezuela, y queremos que ambas partes lo respeten y lo hagan pacíficamente”.
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Consecuencia de esta reciente escalada de tensiones, Brasil, que oficia de mediador en la disputa adelantó que “reforzará el diálogo” con las partes para intentar retomar la vía diplomática.

“Lo que nos interesa es la paz en la región” y, por tanto, Brasil “reforzará el diálogo ante el deseo de que ninguno de los dos países haga nada que pueda derivar en un conflicto”, dijo el asesor especial de Lula da Silva, Celso Amorim, e insistió en la importancia de proteger el pacto de diciembre, que se establecía la disputada como “una zona de paz, en la que las partes renuncian a cualquier posibilidad del uso de la fuerza”.
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“Nos basamos en eso y Brasil es testigo de ese acuerdo”, agregó.
Por último, en un intento por distender la situación, comentó que “el gesto es simbólico pero me voy a aventurar con la opinión de que (la decisión de Maduro) ha tenido más que ver con un asunto de política interna” y descartó “cualquier consecuencia” que derive de ella.
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(Con información de AFP, AP, EFE y Europa Press)
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