
Cuba atraviesa una aguda crisis social, económica y política. La situación es crítica y la dictadura enfrenta el descontento social con represión. Recientemente, las autoridades buscaron la ayuda de un programa de asistencia alimentaria de las Naciones Unidas para garantizar el suministro de leche en polvo subvencionada para los niños. A la creciente hambre y pobreza, se suma la emergencia energética e hídrica en la isla caribeña. Por otra parte, la persecución contra la disidencia aumenta cada día. Este lunes la líder del movimiento disidente cubano Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo -el ex preso político Ángel Moya- denunciaron nuevas detenciones contra integrantes del grupo durante el fin de semana.
En este contexto, un grupo de militares objetores de conciencia cubanos expresaron su preocupación por la aparente operación de guerra psicológica que se comienza a desarrollar en torno a la destitución del ministro cubano de Economía y Planificación Alejandro Gil, cesado hace apenas unas semanas, y quien es investigado por un supuesto delito de corrupción.
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Según un inusual comunicado del dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, se descubrieron “graves errores” en la conducta de Gil, quien a su vez ha reconocido “graves imputaciones” y renunciado a sus cargos como miembro del comité central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) y como diputado.
“Al igual que muchas veces en el pasado, se pretende centrar la culpa en uno o más funcionarios a fin de proteger a los mayores responsables por este desastre. Es también un viejo truco culpar a las personas y no al sistema por las miserias del país. A falta de pan, circo, dice el refrán. Pero los payasos y magos del circo Castro ya no impresionan al público”, dice un comunicado publicado este lunes por los militares disidentes.
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En la carta, los militares señalan que la dictadura cubana ha escogido este momento de crisis para introducir medidas activas y narrativas que pretenden conectar con supuestos planes de la CIA el fracaso de las políticas en curso. De esta forma, llevan adelante una purga administrativa en un contexto de seguridad nacional y paranoia colectiva.
“Eso no es solo peligroso para Gil, sino también para todos aquellos funcionarios civiles y jefes militares a los cuales puedan involucrar más tarde en una conspiración ficticia, tan inexistente como lo fue la de La Escalera en 1844, por la que fueron encausadas 3,066 personas de las que llevaron 78 al paredón de fusilamiento”, advierten en el documento.
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Y agregan: “En nuestro último comunicado expresamos preocupación por las informaciones que nos llegan de la Contrainteligencia Militar (CIM) de las FAR, y que apuntan a que Alejandro Castro Espín y un grupo de genuflexos oficiales de esa dependencia preparan listas para ejecutar nuevas purgas de ‘elementos no confiables’ de forma similar a la que ese sujeto implementó al tomar su padre las riendas del país. Ahora, cuando se aproxima su deceso, ¿de quienes desea deshacerse?”.
Los militares señalan que la CIM puede pagar muy cara esa sumisión si se convierte en “verdugo privado” de Castro Espín. Además, con el despido de Gil, tratan de fomentar una atmósfera de paranoia generalizada y así poder ir contra oficiales y funcionarios honrados. Y advierten que está “puede ser la chispa final que encienda la pradera de la rebelión generalizada”. “La estrategia estalinista del Gran Terror no funciona en la Cuba de hambrunas y apagones de 2024″, dice la carta.
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También creen que, en este contexto, las protestas masivas del 11J puede retornar en cualquier momento, “pero esta vez como un huracán categoría 5″. “Y nadie olvidará sus infamias”, termina la carta.

Caso Gil
En las últimas semanas se han difundido varias operaciones policiales y judiciales contra redes de corrupción en la que estaban involucrados, entre otros, trabajadores estatales, pero de nivel bajo y medio.
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Gil, que accedió al cargo en 2018 de la mano de Díaz-Canel y se desempeñó en ese puesto hasta el pasado 2 de febrero, es el mayor alto cargo del régimen cubano y del PCC investigado por corrupción en más de una década.
Los últimos casos sonados, de 2011 y 2012, corresponden a las penas de cárcel dictadas contra cuatro ex viceministros. Todos ellos fueron investigados dentro de una campaña anticorrupción iniciada durante los primeros años de la presidencia de Raúl Castro.
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El mandato de Gil al frente de Economía y Planificación estuvo cargado de polémica por una serie de medidas que resultaron fallidas para atajar la crisis que enfrenta Cuba desde hace más de tres años y para subsanar sus graves distorsiones económicas.
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