El canciller de Bolivia alertó ante la OEA que el crimen organizado aprovecha la “conflictividad prolongada”

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, expuso en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) la forma en la que su Gobierno enfrentó las casi siete semanas de protestas sociales y afirmó que el crimen organizado aprovecha la debilidad institucional y la conflictividad prolongada para extender sus redes de acción.

“El conflicto comenzó con demandas diversas y en muchos casos legítimas, con el paso de los días, el eje del conflicto dejó de centrarse en reclamos y comenzó a desplazarse hacia una confrontación política de mayor profundidad”, explicó Aramayo, quien señaló que en primera instancia el Gobierno optó por priorizar el diálogo y diferenciar las demandas sociales para evitar una escalada de violencia y el uso temprano de la fuerza pública.

El canciller señaló que hay factores que inciden en la estabilidad de los estados americanos que merecen ser abordados de manera conjunta porque ninguna democracia “puede sostenerse en soledad”. “En América Latina observamos cómo el crimen organizado evoluciona, se adapta y aprovecha espacios de debilidad institucional y conflictividad prolongada, ya no se trata solo de estructuras jerárquicas, sino de redes flexibles que operan a través de múltiples países y economías ilícitas”, afirmó el jefe de la diplomacia boliviana y señaló que, en ese contexto, “ningún episodio de inestabilidad puede analizarse de forma aislada”.

Durante la escalada del conflicto, el Gobierno acusó a algunos sectores movilizados de estar financiados con dinero del crimen organizado y tildó de “narcoterroristas” a quienes impulsaban los bloqueos con el objetivo de derrocar al presidente Rodrigo Paz.

“A los violentos, a los narcoterroristas, así como cayó Marset, sus días están contados”, advirtió el jefe de Estado el 8 de junio durante la promulgación de la ley que regulaba el estado de excepción. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota, no se ha hecho pública ninguna detención o denuncia penal contra manifestantes por delitos vinculados con el narcotráfico.

Bolivia atravesó casi 50 días de tensión social y bloqueos impulsados por sectores campesinos, obreros y productores de hoja de coca, que exigían la renuncia del primer mandatario, a quien acusaban de traicionar a quienes votaron por él y de incumplir sus promesas de campaña.

La medida de presión, que inició el 6 de mayo en el altiplano, se extendió a siete de los nueve departamentos del país y llegó a sumar 90 piquetes simultáneos.

Tras lograr un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) el 19 de junio, el Ejecutivo puso en marcha una medida de estado de excepción que desincentivó las protestas de los demás sectores. Con el repliegue de los cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), las carreteras quedaron expeditas el pasado martes.

Desde entonces han crecido los reclamos para sancionar a los responsables de los piquetes que paralizaron gran parte del país provocando pérdidas económicas cuantiosas para varios sectores, además de generar desabastecimiento de alimentos e insumos básicos en la ciudad de La Paz, cuyas vías de acceso estuvieron cerradas durante el periodo de conflicto.

Aunque el acuerdo con la COB establecía que se revise la situación de los detenidos y que el Gobierno no “persiga” judicialmente a los líderes de las protestas, el presidente expresó este miércoles que los responsables deben ser sancionados: “Tenemos que ponerlos en el justo lugar donde deben estar, que es la cárcel, por el incumplimiento y el daño que le hicieron a la sociedad”.