
Familiares del líder opositor boliviano, Luis Fernando Camacho, convocaron a una marcha masiva este jueves, cuando se cumple un año de su detención, en señal de repudio a esta privación de la libertad y en reclamo por el respeto del Estado de derecho en el país.
“Este 28 de diciembre reafirmamos nuestro compromiso como familia, por los valores democráticos de Santa Cruz, que son la libertad y la democracia. Reafirmamos nuestras ganas de luchar por ese Estado de derecho que tanto anhelamos los bolivianos”, declaró en una rueda de prensa el hijo del Gobernador de esta importante región, Luis Fernando Camacho Parada. El mensaje que queremos darle al Gobierno de Luis Arce es el “repudio” a este “secuestro”, agregó.
Por su parte, la esposa del mandatario, Fátima Jordán, adelantó que varios sectores como el comerciante, el colegio médico, los comités cívicos provinciales y dirigentes sociales se sumarán a la convocatoria, en contra del oficialismo.

“Sabemos que esto es un juicio político. No esperamos nada de la Justicia boliviana, (solamente) seguir luchando hasta recuperar la democracia boliviana”, explicó.
La movilización comenzará temprano con una misa en la Catedral de Santa Cruz y finalizará con una concentración en el sitio donde, un año atrás, Camacho fue detenido por la Policía en el marco de una causa iniciada por los sucesos de la crisis política de 2019.
La marcha tendrá lugar, a su vez, tan sólo dos días después de que la Fiscalía presentara la acusación formal contra Camacho y otras siete personas involucradas en la causa “Golpe de Estado I”. El fiscal Omar Mejillones, que lleva adelante el juicio, informó formalmente este martes los delitos que se apuntan contra el Gobernador; el ex ministro de Defensa, Luis Fernando López; el ex jefe militar William Kaliman; el ex jefe policial Yuri Calderón; la ex presidente interina, Jeanine Áñez; el líder cívico Marco Antonio Pumari; el ex inspector de las Fuerzas Armadas, Jorge Fernández; y el ex jefe militar Carlos Orellana.
Los primeros cuatro están señalados de haber sido parte de los sucesos en calidad de “autores” y, por tanto, se solicitará la pena máxima de 20 años de prisión, mientras que los restantes cuatro habrían actuado como “cómplices”. El abogado del Gobernador, Martín Camacho, aseguró sin embargo que hasta el momento no ha sido notificado de esto y aguardará al anuncio oficial.

La causa “Golpe de Estado I” nació a raíz de las protestas sociales de 2019 en las que el pueblo acusaba al entonces Gobierno de Evo Morales de fraude electoral. Tal fue el nivel de descontento del pueblo que el ex líder del MAS debió renunciar a la presidencia y acusó a la oposición -Camacho entre ellos- de impulsar una “ruptura del orden constitucional”.
El fiscal Mejillones asegura tener en su poder 133 pruebas documentales y 131 testificales que incluyen extractos bancarios del ex Presidente del Comité Cívico de Santa Cruz que “prueban” el movimiento de dinero para la movilización de manifestantes hacia la capital, cuatro años atrás.
Es por ello que el pasado 28 de diciembre, en un cuestionado operativo policial, Camacho fue detenido y trasladado a La Paz, bajo acusaciones de terrorismo, sedición, cohecho y seducción de tropas. Desde entonces, permanece recluido en el penal altiplánico de Chonchocoro.
(Con información de EFE)
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