(Desde Montevideo, Uruguay) - Luego de que los usuarios de Spotify recibieran un mail con la información de que la plataforma musical deja el país definitivamente en febrero, el gobierno de Luis Lacalle Pou aceleró las negociaciones para intentar convencer a la compañía de que se quede en el país.
Las diferencias entre el gobierno y la multinacional comenzaron cuando el Poder Ejecutivo incluyó en el proyecto de Rendición de Cuentas cambios en la ley de derechos de autor. Esas modificaciones hacen que el negocio de Spotify en el país sea “inviable”, según la advertencia de la compañía.
El texto aprobado por el Parlamento incluye dos artículos cuestionados por la plataforma. Una de las disposiciones agrega a internet y las redes sociales como formatos en los que a los intérpretes se les debe pagar por la reproducción de música. El segundo cambio aprobado establece que en todos los acuerdos entre artistas y compositores se debe asegurar “el derecho a una justa y equitativa remuneración por su explotación”. En caso que no haya acuerdo por ese pago, el monto se establecerá por “juicio sumario por la autoridad judicial competente”.
Después del correo enviado a los usuarios, el presidente Lacalle Pou habló por primera vez de este asunto. En una rueda de prensa, el mandatario anunció que están en conversaciones con la empresa para “salir adelante”. “Hay que tratar de ser equilibrado, entendemos que es una plataforma muy importante para todos. De hecho, a mí hoy de mañana me llegó la notificación que le llegó a muchos”, declaró.
Las negociaciones las está encabezando el secretario de Presidencia y mano derecha de Lacalle Pou, Álvaro Delgado. El jerarca mantuvo el lunes una reunión vía Zoom con representantes de Spotify. “Estamos buscando una solución que sea práctica” y la “que todos queremos”, declaró Delgado luego del encuentro virtual.
Lo que el gobierno prepara es un decreto reglamentario de los artículos de la Rendición de Cuentas que generaron polémica y que obliga a las plataformas digitales a pagar por los derechos de intérprete, informó este martes El Observador. La normativa que el Ejecutivo tiene previsto aprobar indica que estas compañías no deberán pagar adicionalmente a los intérpretes, sino que se establecerá una nueva redistribución del acuerdo que Spotify tiene hoy con los destinatarios de las regalías de las canciones y los discos, que suelen ser las productoras discográficas.
De esta manera, se solucionaría el principal reclamo de la multinacional, que entiende que los cambios establecidos en la ley podrían obligarla a “pagar dos veces por las mismas canciones”. En el mail que envió a los usuarios, Spotify dejó una puerta abierta: aseguró que no se iría si el gobierno aclaraba que las discográficas y editoriales son las que deben esos costos establecidos por ley.
“Spotify ya paga cerca del 70% de cada dólar que genera de la música a las discográficas y editoras quienes representan y pagan a los artistas y compositores”, asegura la compañía.
El decreto, entonces, dirá que las productoras discográficas serán las que tendrán que remunerar a los intérpretes, ya sea con el acuerdo que tienen con los artistas (a los que ya les paga parte de lo que reciben por las reproducciones) o con un nuevo acuerdo, según informó el medio uruguayo.
El decreto que prepara el gobierno no dirá que Spotify u otra compañía deban ser las que paguen, aunque marcará que las productoras sí deben hacerlo. En las últimas horas, los redactores de la normativa afinaban las palabras que se debían utilizar para que quedaran bien claras las obligaciones de cada parte.
El gobierno estima que la próxima semana quedará vigente la reglamentación y confía que la multinacional no dejará el país.
De esta manera, Spotify juega fuerte en un mercado chico como el uruguayo para evitar que se transforme en un caso de éxito que pueda ser tomado como ejemplo de otros países.
El gobierno promovió esta reforma legal por un pedido de la Sociedad Uruguaya de Intérpretes, que tuvo reuniones con el presidente Lacalle Pou sobre este tema. “Lo único que queremos es que se reparta mejor”, argumentó esa asociación.
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