(Desde Santiago, Chile) - Camila Faúndez, turista chilena de 30 años, fue detenida la tarde del martes cuando visitaba el Cristo Redentor, una de las atracciones turísticas de Río de Janeiro, en Brasil.
La chilena fue acusada de racismo después de haber tratado de “mono” a uno de los trabajadores de la empresa Trem do Corcovado.
De acuerdo a información de la red Globo, agentes del programa Seguridad Presente, de Laranjeiras, acudieron al llamado del trabajador y la trasladaron hasta una comisaría en Copacabana. También acudió la víctima y un testigo, que escuchó toda la discusión que habría derivado en el insulto de la mujer hacia el trabajador, de nombre Lucas de Oliveira Timoteo.
En la estación de policía, la mujer habría admitido que dijo lo que dijo y se disculpó con el empleado de la empresa turística. Aún así, fue multada por injuria racial y espera audiencia mientras se mantiene presa.
A través de un comunicado, la empresa Trem do Corcovado se mostró contraria a lo sucedido. “Transportamos a miles de personas de todo el mundo. Todas las etnias, credos, géneros, idiomas y edades. Siempre rechazaremos cualquier tipo de prejuicio”, escribieron en su cuenta en X.
La empresa añadió que se la ha dado todo el apoyo posible al empleado agredido y que la ley debe ser aplicada de forma implacable para evitar nuevos casos.
Ayuda desde Cancillería
La Cancillería chilena reconoció ayer que se encontraban al tanto del asunto y que le ofrecieron toda la ayuda necesaria a la mujer, quien se encontraba hace diez días en Brasil en compañía de una amiga, y que tenía pasajes para regresar el sábado. Este apoyo será canalizado a través de ayuda legal de parte del Consulado de Chile en Río de Janeiro.
Camila Faúndez arriesga un máximo de 5 años de cárcel por su agresión, y no se ve que vaya a zafar con la multa y las disculpas que extendió en la estación de policía.
En enero de este año, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgó una ley que equipara el delito de injuria racial con el de racismo, lo sanciona con penas de cárcel de entre 2 y 5 años. Y no prescribe.
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