El gobierno uruguayo publicará toda la documentación en su poder sobre la represión durante la última dictadura

(Desde Montevideo, Uruguay) - El Ministerio de Defensa Nacional de Uruguay presentó un proyecto de ley que dispone el acceso público a todos los documentos existentes sobre el pasado reciente y las violaciones a los derechos humanos que hubo durante la dictadura cívico-militar (1973-1985). El planteo, que ya fue aprobado por una comisión del Senado uruguayo, genera algunos reparos en la izquierda.

“El Poder Ejecutivo ratifica su más férreo compromiso con la transparencia, entendiendo necesario acercar el conocimiento de datos, acciones, así como documentos que hacen a la gestión de gobierno a la mayor cantidad de personas, con mínimos o nulos requisitos o exigencias”, dice la exposición de motivos del proyecto de ley.

La intención de las autoridades es facilitar el acceso a los archivos que están en poder del Estado sin restricciones. Como ejemplo utiliza al denominado “Archivo Berrutti”, que reúne 1.500 rollos de microfilms, cada uno de miles de páginas en promedio. Contiene diversos tipos de documentos –que van desde 1968 hasta 2004–, entre los que hay informes militares y los microfilms que fueron producidos por el Servicio de Información de Defensa (SID), la actual Dirección Nacional de Inteligencia del Estado.

En estos rollos hay actas de personas detenidas, reportes de allanamientos, escuchas telefónicas, comunicados oficiales, expedientes administrativos, fichas personales producidas por la SID o el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), según publicó el Sitio de Memoria Uruguay. También contiene recortes de prensa, solicitudes de información, órdenes de capturas, transcripciones y reproducciones de publicaciones incautadas.

El “Archivo Berrutti” lleva el nombre de la primera ministra de Defensa de la izquierda, Azucena Berrutti, a quien le fue entregada esta documentación.

Pero más allá de estos archivos, el proyecto de ley presentado por el gobierno apunta a recopilar todos los documentos referidos a esa época en el Archivo General de la Nación, donde se creará una sección destinada a reunir, organizar y conservar los documentos relativos al pasado reciente.

“Es para que se pueda conocer toda la verdad”, dijo el ministro de Defensa, Javier García, al defender la propuesta este lunes en el Parlamento. Esa “verdad” no pudo conocerse durante los gobiernos del Frente Amplio (2005-2015) por falta de “voluntad política”, dijo, según publicó El País.

García defendió que cualquier persona que esté interesada en la documentación pueda ir y consultar esos archivos libremente. “Apelamos a que no haya censura y que nadie le diga qué puede leer y qué no. Las censuras son del tiempo de la dictadura”, sostuvo el jerarca.

La izquierda uruguaya pretendía que el proyecto de ley tuviera un tratamiento más prolongado. El Frente Amplio, que es minoría en el Parlamento, apuntaba a recibir en la comisión del Senado a organizaciones vinculadas al pasado reciente, como a las Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Cuando el gobierno hizo pública la propuesta, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que la publicación de los archivos “sin ninguna duda” estaría violentando la intimidad de las familias de las víctimas.

“Los archivos tienen cuestiones con las que hay que ser cuidadosos. Sobre todo tiene información personal de aquellos que fueron víctimas del terrorismo de Estado. A las víctimas del terrorismo de Estado hay que cuidarlas, no exponerlas. Pueden ser otra vez revictimizados”, declaró Pereira en Canal 12.

Tras sus comentarios, el ministro García aclaró que la información reservaría la privacidad de las personas incluidas en los archivos de la dictadura que el gobierno propuso digitalizar y publicar para el acceso universal. El presidente del Frente Amplio, entonces, indicó que no tendría “ningún problema” con estas divulgaciones.

Uno de los artículos del proyecto de ley establece que el acceso a la información será libre “sin perjuicio del mantenimiento en reserva de los datos vinculados a la vida privada y el entorno familiar de los individuos”. También se excluye de los datos a divulgar toda información “considerada sensible o pasible de afectación a terceros”.