(Desde Montevideo, Uruguay) - Luego que la Rendición de Cuentas del gobierno de Luis Lacalle Pou sea aprobada en la Cámara de Diputados, la discusión pública sobre la normativa propuesta incorporó un reclamo que durante los primeros meses de análisis del proyecto de ley había pasado desapercibido.
La norma que la próxima semana comenzará a debatirse en el Senado incorpora cambios en la regulación de los derechos de autor, una decisión que es impulsada por los intérpretes uruguayos, pero cuestionada por la plataforma musical Spotify. A esta queja se le sumó la de Youtube, Amazon, Apple Music y discográficas.
Los artículos en cuestión son dos. Uno agrega a internet y las redes sociales como formatos en los que a los intérpretes se les debe pagar por la reproducción de música. El otro establece que en todos los acuerdos entre artistas y compositores se debe asegurar el “derecho a una justa y equitativa remuneración por su explotación”.
En la interpretación de Spotify, esta modificación implicaría que la plataforma pague “dos veces por el mismo contenido”, lo que podría volver “inviable” su negocio en Uruguay. “Afectaría severamente la capacidad de invertir y brindar servicios a precios razonables para los consumidores”, advirtió la compañía en una carta al gobierno uruguayo, informada por el diario El País.
El ministro de Industria, Omar Paganini, respondió a los cuestionamientos de la plataforma internacional y aseguró que el gobierno uruguayo busca un “equilibrio” entre las multinacionales y los intérpretes uruguayos.
“Nos preocupa que las plataformas que todos usamos de alguna manera trabajen tranquilamente en nuestro país”, dijo el jerarca del gobierno ante los medios. “Queremos ver cómo se puede llegar a acordar esto. Es un tema que vale la pena que se trate en el Parlamento”, agregó. Paganini no descartó que esos artículos se retiren del proyecto de Rendición de Cuentas.
En la vereda de enfrente a Spotify está la Sociedad Uruguaya de Intérpretes, que tuvo reuniones con el presidente Lacalle Pou para que se incorpore este cambio en la normativa. La asociación consideró que la respuesta de la plataforma musical es propia de un “patoterismo internacional”, según dijo su vocera, Gabriela Pintos, en declaraciones a El Observador.
“Es una amenaza con que se van a ir o que van a cobrar más por mes. Ellos van a pagar lo mismo, lo único que queremos es que se reparta mejor, que haya una legislación para que después podamos ir a negociar con ellos el porcentaje que nos corresponde”, dijo Pintos.
Cuando una canción se reproduce en la radio, en la tele o en una fiesta, los derechos los cobra la Asociación General de Autores del Uruguay, que retiene el 60% de lo que se paga y reparte el restante 40% entre los intérpretes y los sellos discográficos.
Otras plataformas
La plataforma Spotify no fue la única que le hizo llegar su visión crítica al gobierno uruguayo. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, recibieron varias cartas de reclamo de la Digital Media Association (DIMA, que representa compañías de streaming como Youtube, Pandora, Apple Music, Amazon y feed.fm) y de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, representante de actores de la industria discográfica como Warner Music, Universal Music, Sony Music y la Cámara Uruguaya del Disco).
Las dos asociaciones cuestionaron los artículos incorporados en la Rendición de Cuentas, según informó este viernes El Observador.
La representante de plataformas como Youtube expresó estar preocupada por el cambio en el marco legal, que colocaría a los “artistas uruguayos en una desventaja significativa” –particularmente en este momento, en el que “la región está viendo ‘su música romper a un nivel verdaderamente global’”– y podría “perjudicar a los consumidores”.
“Imponer derechos de remuneración adicionales y fragmentados competiría por dólares de regalías con los derechos que los miembros de DIMA (como Youtube, Spotify, entre otros) ya otorgan a sellos discográficos y editores de música, lo que equivaldría efectivamente a un pago doble”, dice el texto.
La representante internacional de discográficas, en tanto, cuestionó que una eventual aprobación de los artículos crearía “una condición diferencial para la realización de negocios y emprendimientos en el sector del entretenimiento” de Uruguay. “Al no existir en otros mercados de la región, puede provocar efectos no deseados”, dice el texto.
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