El activista político opositor Lester Macolla Solís, de 38 años, fue detenido por la Policía Nacional del régimen de Nicaragua, denunciaron este domingo una abogada y dos excarcelados disidentes.
El hombre, crítico del dictador Daniel Ortega, y que regresó de Estados Unidos, donde se encontraba exiliado, fue detenido hace tres días en su casa, en el populoso barrio Monseñor Lezcano, en Managua, por la Policía Nacional, señala la denuncia de dos excarcelados.
“La guardia sandinista secuestró hace ya 3 días a Lester Macolla Solís. Varias patrullas lo sacaron de su casa en el barrio Monseñor Lezcano. Su familia desconoce su paradero. Lo han buscado en (la cárcel) El Chipote y no dan razón. En sus redes, Macolla Solís hacía críticas a la dictadura”, escribió en su Twitter la excarcelada opositora nicaragüense Samantha Jirón, quien fue expulsada a Estados Unidos el pasado 9 de febrero y posteriormente desnacionalizada.
El cronista deportivo nicaragüense Miguel Mendoza, también excarcelado opositor, desnacionalizado y expulsado a Estados Unidos, confirmó la denuncia.
“Lester estuvo exiliado hace unos años en Estados Unidos. Perteneció a un grupo de estudiantes que empezaron a oponerse al Gobierno (de Daniel Ortega). Decidió regresar. Continuó su activismo. Hoy es un preso más. Le dije que tuviese precaución en sus publicaciones. No se sabe dónde está”, dijo, por su parte, la abogada defensora de decenas de presos políticos, Yonarqui Martínez.
Hace tres días también se denunció la detención del excarcelado opositor nicaragüense Juan Carlos Baquedano Castro, de 65 años, en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018.
Baquedano Castro, un ex combatiente sandinista disidente, que regresó de México, donde se encontraba exiliado, fue detenido en su casa, en el municipio de Jinotega, en el norte de Nicaragua.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega tras responder con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684 y Ortega reconoce que fueron “más de 300″ y mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.
Tras las protestas de 2018, la dictadura de Ortega arreció la persecución contra la disidencia nicaragüense. El jueves pasado el régimen anuló la personalidad jurídica de 18 organizaciones sin fines de lucro, entre ellas una española y otra estadounidense, por supuestamente incumplir la legislación de carácter financiero, y ordenó expropiar sus bienes.
La disolución de las 16 organizaciones nacionales fue aprobada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, y las dos extranjeras por la directora de la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL), Franya Urey Blandón, según informó el Diario Oficial La Gaceta.
La estadounidense Supply Hope y la española Asociación Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá no reportaron supuestamente “estados financieros del período 2020 a 2022″, por lo que “el ente regulador desconoce quiénes son sus directivos (y) si los fondos que recibían eran acorde a sus fines y objetivos”, según La Gaceta.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
Con información de EFE
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