A 10 años de la Ley Anticorrupción, Brasil lucha por fiscalizar la política y entierra la operación Lava Jato

El aniversario de la Ley Anticorrupción que Brasil celebró esta semana dejó un sabor amargo en la boca y dejó claro que será necesario un esfuerzo titánico en los próximos años para tratar de unirse a la lista de países virtuosos en el frente anticorrupción. La Ley 12.846, también conocida como Ley de Empresas Limpias, fue promulgada en 2013 para seguir las directrices anticorrupción de organismos internacionales serios como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), pero basta seguir las noticias de estos últimos días para entender que aún queda mucho por hacer.

El miércoles, el Supremo Tribunal Federal (STF), con su juez Dias Toffoli, falló a favor de Sergio Cabral, el ex gobernador del estado de Río de Janeiro, y anuló las pruebas de la constructora Odebrecht contra él y contra el ex alcalde de San Pablo Gilberto Kassab, actual secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales del estado paulista. Con la liberación de Cabral en febrero pasado, se enterró definitivamente la operación Lava Jato. El ex gobernador de Río había acumulado condenas por un total de 425 años y era el último convicto que seguía en prisión de la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil desencadenada en 2014 por el descubrimiento de una trama de sobornos millonarios. Antes de Cabral, el STF también había anulado las pruebas contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y de su vice, Geraldo Alckmin, obligando al país a pasar definitivamente la página de una época histórica para la lucha contra la corrupción.

Roberto Livianu, Fiscal del Ministerio Público de San Pablo y presidente del Instituto ‘No Acepto la Corrupción’, explica a Infobae que “en los últimos diez años se han dado pasos muy importantes, tanto en las pequeñas como en las grandes empresas privadas, con el establecimiento del compliance”, es decir, el cumplimiento de ciertas normas y reglas generalmente asociadas al concepto de honestidad y ética en el comportamiento. Desde 2013 hasta la fecha, la Contraloría General de la Unión (CGU) y el Ministerio Público Federal (MPF) han aprobado 74 acuerdos de clemencia, con multas a empresas por un total de 53.000 millones de reales, cerca de 11.000 millones de dólares. La CGU ha registrado un total de 24.224 sanciones aplicadas a empresas y funcionarios, que van desde la suspensión de la contratación con el gobierno hasta el despido de los involucrados.

Sin embargo, en los partidos políticos nunca se ha tenido en cuenta la compliance. “Lo mismo se aplica al tercer sector, al deporte, al fútbol, incluso a las iglesias neopentecostales”, añade Livianu. Y aunque los partidos tras el terremoto de la Lava Jato se financiaron con fondos públicos, no se aplican medidas contra el lavado de dinero o simplemente de control en la gestión de ese dinero. “Lo que Brasil realmente necesita”, dijo Livianu a Infobae, “es una política pública anticorrupción que hoy no existe. Tenemos una ley aquí, otra allá, pero no una política pública digna de ese nombre. Por el contrario, hemos retrocedido en relación a la lucha contra la corrupción, por ejemplo con respecto a la Ley de Improbidad Administrativa y la Ley de Historial Limpio desmanteladas por alteraciones impuestas por el Congreso que las han vuelto inocuas. Un ejemplo es la hospitalidad ilimitada que ofrecen las entidades privadas a los funcionarios públicos, una verdadera forma de corrupción legalizada”.

La Ley de la Improbidad Administrativa fue creada en 1992 con el objetivo de castigar las conductas ilegales practicadas por los funcionarios de la administración pública, en particular el enriquecimiento ilícito. Las últimas enmiendas del Congreso la han reducido a la apariencia de ley. De hecho, ya no se califican como improbidad los daños causados “por negligencia o imprudencia”, y se da la posibilidad de resolver los pleitos mediante acuerdos. En cuanto a la ley de Historial Limpio presentada al Planalto en 1993, cuando Itamar Franco era presidente de Brasil, fue sancionada en el segundo mandato de Lula, en 2010. La norma prohíbe que los políticos condenados en segunda instancia se presenten a las elecciones. La ley prohíbe a los políticos concurrir a las elecciones durante ocho años si están implicados en delitos de blanqueo de dinero y ocultación de bienes, entre otros.

Bien lo sabe el presidente Lula, declarado inelegible por el Supremo Tribunal Federal por los juicios de Lava Jato. Debido a esta decisión, su Partido de los Trabajadores (PT) en 2018 se vio obligado a postular al actual ministro de Economía, Fernando Haddad, quien perdió ante Jair Bolsonaro. En agosto del año pasado, antes de entrar de lleno en la campaña electoral que esta vez lo llevaría a la presidencia, Lula dijo: “Creo que fue una estupidez hacer esta ley como está. Se castiga a una persona y tres meses después recupera el derecho a presentarse a las elecciones. Creo que es necesario abrir un debate sobre esta ley”. Una vez convertido en presidente, Lula no cesó en sus declaraciones revisionistas, incluso contra la principal operación anticorrupción del país, la Lava Jato. Hace unos días declaró que el ex diputado federal Deltan Dallagnol, del partido Podemos, y ex fiscal federal del grupo de trabajo de Curitiba “montó una banda criminal en el Ministerio Público”.

La operación de la policía federal brasileña, desencadenada en 2014 por el descubrimiento de una trama de sobornos millonarios involucrando la petrolera estatal Petrobras y la constructora Odebrecht, destapó la “caja de Pandora” de la corrupción en Brasil. El equipo de jueces dirigido por Sérgio Moro, de la fiscalía de Curitiba, descubrió coimas por unos 10.000 millones de reales, unos 2.000 millones de dolares, en la mayor operación anticorrupción de la historia del país sudamericano. La Lava Jato, que inició de una casa de cambio en una gasolinera de Brasilia en la mira de los investigadores por blanqueo de dinero, golpeó al PT de Lula, pero luego se extendió a otros 33 partidos mostrando cómo la corrupción era un cáncer endémico que corroía todo Brasil.

Lula había sido condenado en tres grados de juicio en el caso de Atibaja a 12 años y un mes y en dos grados de juicio a 12 años y 11 meses por el tríplex de Guarujá, pero el STF anuló todo al considerar que era un Tribunal de Brasilia y no el de Curitiba que debía juzgarlo en primera instancia. Este fallo técnico anuló de hecho las dos condenaciones, haciendo que todo empezara de nuevo de cero y provocando inevitablemente la prescripción de ambos juicios. Tanto el Triplex de Guarujá como de la casa de campo de Atibaia fueron considerados por los jueces de Curitiba regalos de las multinacionales brasileñas OAS y Odebrecht a cambio de favores.

En los últimos meses, Lula también había pensado en utilizar los llamados “acuerdos de lenidad” que las grandes constructoras habían firmado con los jueces de la Lava Jato para reanudar las grandes obras que permanecían bloqueadas. En lugar de pagar cuantiosas multas por participar en la trama de corrupción destapada por la investigación, las empresas ofrecerían gratuitamente sus servicios al gobierno para reiniciar las obras paralizadas en los últimos años. Condenados por la operación Lava Jato, constructores como UTC Engenharia, OAS, Odebrecth, Andrade Gutierrez y Camargo Côrrea firmaron acuerdos de lenidad, que juntos suman más de 8.000 millones de reales, unos 1.650 millones de dólares. Los importes de las multas se dividieron en plazos que pueden llegar a casi 30 años. A mediados de junio del año pasado, las empresas ya habían pagado poco más de 1.100 millones de reales, cerca de 230 millones de dólares. Al final, el análisis técnico del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) definió la idea de Lula como inviable y, por lo tanto, al menos por ahora, no se hará nada con ella.

Sin embargo, Lula consiguió nombrar juez del Supremo Tribunal Federal al abogado que le defendió durante toda la operación Lava Jato, Cristiano Zanin. Su ex defensor tomó posesión del cargo el jueves, a pesar de la polémica sobre la conveniencia, incluso simbólica, de tal decisión. “Necesitamos revertir este escenario general si realmente queremos entrar en la OCDE - commenta a Infobae Livianu - implementando una política pública anticorrupción, implementando el compliance, trabajando para tener una verdadera prevención y lucha contra la corrupción. Para los próximos años, es necesario cultivar una verdadera transparencia. Hay desafíos importantes”.

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