El “saqueo de San Pablo”: la ola de violencia puso el foco en el tráfico de drogas y la especulación inmobiliaria en la capital financiera de Brasil

Una ola de violencia sin precedentes asola desde hace tiempo el estado de San Pablo, con una escalada imprevisible en los últimos días en el litoral sur. En Guarujá, el asesinato del policía militar Patrick Bastos Reis, el 28 de julio durante una patrulla en una favela a manos de un francotirador narcotraficante, ha desencadenado un largo reguero de sangre.

La lista de muertos aumenta cada hora, con al menos 16 fallecidos como consecuencia de la Operación Escudo, calificada por muchos residentes como “una venganza policial”. Se trata de la operación más mortífera desde mayo de 2006, cuando el principal grupo criminal del país, el Primer Comando de la Capital (PCC), impuso un toque de queda de una semana en la ciudad de San Pablo, quemando autobuses y matando policías. El trágico balance de cerca de 500 muertos representó una de las páginas más dramáticas de la emergencia criminal de Brasil.

A partir de entonces, las cosas nunca volverían a ser como antes. El supuesto acuerdo del PCC con las instituciones del estado de San Pablo que puso fin a los enfrentamientos, como informó en aquel tiempo la prensa brasileña, fue el inicio de un nuevo macabro equilibrio en el que el crimen organizado se convirtió cada vez más en una multinacional de la droga y cada vez menos en un monstruo enloquecido ávido de baños de sangre en las calles. Ahora, sin embargo, los recientes sucesos de Guarujá parecen haber roto este equilibrio. La región costera del sur, en particular la zona de la llamada Baixada Santista, se ha convertido en los últimos diez años en el centro de la logística del PCC, que junto con la mafia italiana ‘ndrangheta introduce y almacena la cocaína que luego llega a Europa en barcos desde el puerto de Santos.

No es casualidad que dos importantes brokers de la ‘ndrangheta, Nicola y su hijo Patrick Assisi, fueron detenidos en 2019 allí mismo, en Praia Grande, en un piso de lujo en el que vivían. El otro famoso traficante calabrés Rocco Morabito, detenido en el estado nororiental de Paraíba, en João Pessoa, en mayo de 2021, tras su audaz fuga de la prisión de Montevideo (Uruguay), también acudía a menudo a la Baixada Santista para comprar cocaína en nombre de la ‘ndrangheta.

Uno de los narcotraficantes del PCC que figura en la lista de los más buscados por Interpol también es de la zona. Se trata de André Oliveira Macedo, más conocido como André do Rap, que lleva tres años huido. Según los rumores de la investigación, el narcotraficante André Luiz dos Santos, conocido como Keko, uno de los puentes del PCC hacia el tráfico internacional, también está prófugo, pero no ha abandonado la región. Para Lincoln Gakiya, miembro del Grupo Especial de Ejecución de la Lucha contra el Crimen Organizado (GAECO) y uno de los magistrados al frente de la lucha contra el PCC, “toda la Baixada Santista está controlada por el PCC y se considera estratégica tanto para la venta de drogas en el territorio como por la presencia del puerto de Santos y, por tanto, para la logística de exportación de cocaína a Europa”.

Lo que está ocurriendo en el litoral de San Pablo preocupa ahora a los expertos, porque el crimen organizado no suele crear enfrentamientos en el territorio donde hace negocios o que es crucial para su logística, como es el caso de esta región. Por lo tanto, estos enfrentamientos violentos indican una tensión en el territorio. Según los investigadores puede tratarse de un intento de controlar a toda costa los puntos de venta de droga en la zona o, lo que es peor, de una expansión de nuevos líderes del PCC, que tiene aquí enormes intereses. Sólo en el primer trimestre de este año las autoridades se incautaron de diez cargamentos en el puerto de Santos con un total de casi tres toneladas de cocaína. En cuanto al presunto autor del asesinato del policía que provocó la reacción en cadena de violencia, se trata de un francotirador del PCC, Erickson David da Silva, conocido como Deivinho, que recibió entrenamiento militar de la facción criminal y que, según las primeras investigaciones, es un líder emergente de la facción criminal.

El rastro de muertes no estuvo exento de críticas. El investigador David Marques, uno de los coordinadores del Foro Brasileño de Seguridad Pública, hizo hincapié en el “espíritu de venganza” que supuestamente impulsó la operación policial. “La muerte de un policía es inaceptable, pero corresponde al sistema judicial y no a los colegas de uniforme castigar a los responsables”, afirmó. También contribuyeron a la polémica las declaraciones del gobernador del estado de San Pablo, Tarcisio de Freitas, del partido Republicano y ex ministro de Infraestructuras en el anterior Gobierno de Jair Bolsonaro. Tarcisio se declaró “satisfecho con la operación”. Para la prensa brasileña se trató de una nueva metedura de pata de un gobernador muy criticado en el frente de la gestión de la seguridad pública. De hecho, el centro de San Pablo lleva meses a merced de los consumidores de crack, K9 y fentanilo que el PCC ha decidido dispersar desde una única manzana, la antigua “Cracolandia”, por las calles del centro.

La respuesta del gobierno estatal ha sido pésima, según el último informe de la Defensoría Pública del Estado de San Pablo, que afirma que el 90% de las 2022 detenciones masivas en la nueva zona de Cracolandia fueron consideradas ilegales por los tribunales y anuladas. Los recientes intentos fallidos de dispersar a los toxicómanos no han hecho más que aumentar la tensión, según denuncia el informe. Incluso decisiones como vallar la plaza de la Catedral de San Pablo, la Praça da Sé o retirar las tiendas de los sin techo han confirmado la ausencia total de un plan estratégico. Faltan centros médicos capaces de atender a toda la población de toxicómanos. 40.000 ya han pasado por la asociación Misión Belém que atiende a esta población, lo que demuestra los volúmenes crecientes del problema. Falta también un debate científico serio sobre la posibilidad de aplicar Tratamientos Sanitarios Obligatorios en los casos más graves. Están prohibidos en Brasil, pero frente a drogas devastadoras desde el punto de vista psiquiátrico como los opiáceos sintéticos, muchos creen que podrían ser útiles en los casos más extremos para gestionar el problema como una emergencia de salud pública.

Entre los críticos más duros se encuentra el padre Júlio Lancellotti, coordinador de la Pastoral del Pueblo de la Calle de San Pablo. “Cracolandia existe porque es un negocio rentable. Lamentablemente tenemos que decir, sin generalizar, que hay muchos negocios con la política. Cracolandia funciona con tratos, con beneficios, con ganancias”, se quejó a TV Globo y añadió: “¿Cómo es que la droga llega allí y nadie se la lleva si también filmaron la cajita azul que contenía las piedrecitas de crack? ¿Cómo es que no filmaron el coche que transportaba la droga? Es porque no quieren resolver este problema, porque este problema está vinculado al mercado inmobiliario, está vinculado a la corrupción y al crimen organizado”.

La decisión del PCC de desparramar Cracolandia por el centro de San Pablo, donde los vecinos están abandonando sus casas y comercios - decenas han cerrado debido a los constantes saqueos y robos - ha coincidido extrañamente con una especulación inmobiliaria sin precedentes. Muchos han apodado a esta nueva oleada constructora “el saqueo de San Paolo”, evocando el famoso “sacco di Palermo”, el saqueo de la ciudad italiana de Palermo, el boom de la construcción gestionado por la mafia siciliana Cosa Nostra que destruyó el patrimonio arquitectónico de Palermo, en Sicilia, en los años cincuenta y sesenta.

En San Pablo, el nuevo Plan Director fue aprobado hace un mes por la cámara municipal y promulgado por el alcalde Ricardo Nunes, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), apodado por los ciudadanos “el prefecto invisible” por no aparecer en asuntos tan graves para la población. Sin embargo, su firma permitirá que decenas, si no centenares, de constructores, entre ellos italianos ya conocidos en Italia por actividades de blanqueo de dinero, distorsionen la fisonomía de San Pablo en favor de lucros al límite de la legalidad, como denunció el padre Lancellotti.

La construcción salvaje que ya está en marcha está destruyendo rincones históricos de la ciudad y demoliendo casas antiguas y joyas arquitectónicas. Más de 160 organizaciones de la sociedad civil y grupos de urbanistas llevan meses protestando y han firmado una durísima carta contra el nuevo plan. “Cuando se amplía el espacio en el que se puede construir, como en este caso, la consecuencia es un aumento impresionante de la densidad de población. Pero en el plan no hay ningún control sobre si la ciudad es capaz de sostener esta densidad de población”, explica Joyce Reis, Directora de Políticas Públicas del Instituto de Arquitectos Brasileños en San Pablo, el IAB.

Más gente, más coches sin una mejora de las infraestructuras y servicios básicos como el alcantarillado, según los críticos, corren el riesgo de crear daños que San Pablo pagará durante años. Símbolo de la desolación en la que se está sumiendo la metrópoli y capital financiera de Brasil es el futurista puente Octávio Frias de Oliveira, una de las postales de la zona sur de la ciudad y uno de sus principales nudos de comunicación. Llevó días a oscuras, ante la indiferencia de las instituciones, después de que unos desconocidos robaran las luces y los cables de cobre.

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