El Gobierno de Bolivia, a cargo de Luis Arce, defendió este jueves su decisión de reincorporar a su gabinete a un Ministro recientemente destituido, a pesar de las amenazas de la oposición de iniciar un juicio en su contra.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, se refirió a la iniciativa anunciada por la oposición de impulsar un juicio de responsabilidades y declaró que el Ejecutivo cree que “es inapropiado” dar lugar a este proceso por la restitución de Eduardo del Castillo, de la cartera del Interior, ya que se trató de un acto “de pleno cumplimiento de la normativa vigente”.
El Congreso -con 101 votos de los 144 totales- definió el pasado 27 de junio remover de su cargo a Del Castillo a raíz del caso de contrabando de vehículos robados en Chile. La resolución estuvo impulsada por la oposición -entre ellos los legisladores de Comunidad Ciudadana, de Creemos y del bloque evista-, lo que el oficialismo entendió como una “traición” y una muestra más de las tensiones internas de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS).
Dos días más tarde, Arce acató la decisión del Legislativo sólo para, posteriormente, reincorporar al funcionario a sus tareas.
Es por ello que Alcón explicó este jueves que el Presidente, en efecto, cumplió con lo aprobado en el recinto, tal como señala la Constitución del país que debe ocurrir, y que, más tarde, hizo nuevamente uso de las facultades que le otorga la Carta Magna “de elegir al equipo que lo va a acompañar” para volverlo a su puesto.
“Vamos a continuar con el trabajo, el cumplimiento de la normativa. No ha existido vulneración a la misma”, respondió la Viceministra sobre las acusaciones de la oposición, a quienes acusó de “buscar y generar desestabilización ante la falta de propuestas que existe”.
Las declaraciones de la funcionaria le siguieron a la presentación de este martes de Comunidad Ciudadana -la principal fuerza opositora en el Parlamento- de una proposición acusatoria para solicitar la apertura de un juicio de responsabilidades contra Luis Arce.
Puntualmente, lo acusan de desconocer la decisión del Legislativo y cometer el delito de “resoluciones contrarias a la Constitución”.
“Ante esta flagrante comisión de un delito de resoluciones contrarias a la Constitución, la bancada parlamentaria de CC está oficializando la presentación de esta proposición acusatoria en contra de Luis Arce”, comentó el diputado de CC Enrique Urquidi y señaló que, lejos de tratarse de una maniobra de desestabilización, el único fin es “exigir el respeto a la institucionalidad de la Asamblea Legislativa” y demandar al Ejecutivo “que cambie de actitud”.
Ahora, la Fiscalía de Bolivia tiene una ventana de 30 días para analizar los hechos y definir si da lugar a la proposición. En caso de considerarse la existencia de “materia justificable” y obtener la luz verde, la fuerza política podrá requerir ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el enjuiciamiento del Presidente que, luego, deberá ser enviado al Legislativo para ser autorizado.
La ex presidente Jeanine Áñez ya había utilizado el recurso de la destitución y restitución casi inmediata de ministros como respuesta a la ola de censuras impulsadas desde el Legislativo durante su Gobierno transitorio.
(Con información de EFE)
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