Lo que empezó como un escándalo local con el paso de los días se ha convertido en la peor crisis que haya tenido el gobierno de Gabriel Boric en Chile.
En resumen, hace un par de semanas, el medio Timeline, de la Región de Antofagasta, reveló que la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda, a cargo entonces del militante del partido Revolución Democrática (una de las principales fuerzas de la coalición oficialista) Carlos Contreras, había entregado mediante trato directo poco más de 500 mil dólares a la fundación Democracia Viva, cuyo representante legal era Daniel Andrade.
Andrade no era solo otro integrante de las filas de RD, sino que además era funcionario del ministerio de Defensa y pareja de la diputada por Antofagasta, Catalina Pérez, integrante del mismo partido.
La entrega de esos fondos se dieron en el contexto del desarrollo de políticas para la erradicación de campamentos, aunque no está claro el estado de avance del proyecto.
Por cierto, apenas se supo de la entrega de fondos, el seremi Contreras, que había sido jefe de gabinete de la parlamentaria en su primer periodo, presentó su renuncia.
Contreras y Andrade fueron expulsados del partido y el senador Juan Ignacio Latorre, presidente de RD, se apuró en decir que todo este asunto se trataba de un mero “error político”.
A medida que la bola de nieve se iba haciendo más grande, que la fiscalía abría una investigación por eventuales delitos de tráfico de influencias, malversación de caudal público y fraude al Fisco, Latorre fue endureciendo su postura, presionado por la interna del partido. Del “error político” pasó a decir que la investigación debía ser “caiga quien caiga” y anunció el congelamiento de la militancia de la diputada Pérez que, a todo esto, ya no es más pareja de Daniel Andrade.
Mientras, siguen rodando cabezas. El sábado, la subsecretaria de Vivienda, algo así como segunda al mando del ministerio de Vivienda a cargo del experimentado ministro Carlos Montes, Tatiana Rojas, confirmó en un punto de prensa que estaba en conocimiento del caso de la fundación Democracia Viva, antecedentes que había recibido de parte de la Asociación de Funcionarios del ministerio. “Me puse en campaña para recopilar los antecedentes necesarios para poder tener información clara al respecto, lo que yo hice en ese minuto es enviar un correo solicitando a la autoridad a la autoridad máxima de la región que me reportara punto por punto lo que en esa acusación se exponía”, explicó.
Pero agregó que, tras recopilar los antecedentes del caso, no alcanzó a informar al ministro Montes del entuerto.
Esa misma noche el presidente Gabriel Boric le pidió la renuncia a Tatiana Rojas, quien también milita en RD.
Causa penal
La causa, más allá de responsabilidades políticas, tendrá un curso penal, eso es claro.
El ministro Carlos Montes viajará a Antofagasta el miércoles. Allí se reunirá con el fiscal regional subrogante de Antofagasta, Cristián Aliaga para entregar todos los antecedentes del caso y aportar otros. Porque a través de un comunicado, el ministerio de Vivienda y Urbanismo develó que “una de las irregularidades levantadas por el equipo central del Minvu es sobre un número de funcionarios contratados por esta fundación (Democracia Viva), que al parecer prestaban servicios en la seremi, hecho que condenamos y por el que buscaremos sanciones tanto del tipo administrativas como penales”.
La Brigada de Delitos Económicos de la PDI allanó la sede de la Fundación. El problema es que no había ningún elemento vinculado a Democracia Viva que pudiesen ser incautados. No existían computadores, secretarias o siquiera la presencia de algún letrero que indicara que allí funciona la ONG, lo que parecería ser el indicio de una fachada.
Dos cero
Mientras , el presidente Boric afirmó estar “indignado” por el desarrollo del caso.
“Yo estoy indignado con esta situación y por lo tanto no podemos tener ni mano blanda, ni hacernos los lesos ni empezar con el empate. Acá, como decía el exfiscal Gajardo, cuando un político de derecha roba y después roba uno de izquierda, o cuando un político de derecha hace algo turbio y después hace algo turbio uno de izquierda, no es que se empaten, es que todos perdemos dos cero… Ningún tipo de complacencia con este tipo de actos, yo no pongo las manos al fuego por nadie. Todos tienen que estar disponibles para ser absolutamente investigados”, dijo el jefe de estado.
Desde la otra vereda, de la derecha, han surgido voces que complican el devenir del Gobierno, que estaba en la cruzada de aunar criterios para un nuevo pacto fiscal, proyecto que busca aumentar la recaudación fiscal para financiar proyectos sociales.
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