Una sala de apelaciones de Guatemala falló este viernes en favor de tres militares condenados y encarcelados por crímenes de lesa humanidad y desobedeció, de esta manera, un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El tribunal guatemalteco ordenó la liberación de los tres ex militares de alto rango luego de que la CIDH negara dicha posibilidad aunque, en la práctica, no saldrán del penal en el que están recluidos ya que enfrentan otros dos procesos por genocidio y desaparición forzada, en los que también se les ha ordenado prisión.
Si bien esta es la primera vez que Guatemala desobedece a la CIDH en un fallo relacionado a la excarcelación de personas ya sentenciadas, en el pasado, ya había incumplido sentencias de la Corte sobre otros temas. Hasta el momento se han contabilizado 14 casos.
Cabe mencionar que las decisiones del organismo son de cumplimiento obligatorio en los países que integran el sistema de justicia regional, como Guatemala, que ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1978 y aceptó la jurisdicción contenciosa de la CIDH en 1987. Inclusive, en la constitución del país se da prevalencia al derecho internacional por sobre el interno.
Los militares beneficiados por la decisión dada a conocer este viernes son Francisco Luis Gordillo Martíneza, Manuel Antonio Callejas y Manuel Benedicto Lucas García, todos condenados en 2018 con penas de entre 33 y 58 años de cárcel tras ser hallados culpables de delitos contra los deberes de la humanidad, la desaparición forzada contra el niño Marco Antonio y la violación con agravación de la pena contra su hermana, Emma Guadalupe Molina Theissen.
Sobre este último caso, inclusive, la CIDH se había pronunciado en 2004 -apenas una semana después de conocerse las sentencias- en rechazo a la falta de justicia durante décadas para la familia de la víctima.
Tiempo atrás, el tribunal guatemalteco ya había intentado beneficiar a los uniformados condenados. Entonces, la Corte de Constitucionalidad había ordenado que se le otorgara el beneficio del arresto domiciliario dados sus problemas de salud y su avanzada edad.
Frente a ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de mayor jerarquía que los tribunales nacionales, se pronunció en contra de dicho avance y desactivó la ejecución del fallo en tanto se revisaba la situación en el marco correspondiente.
Se frenó la orden de liberación bajo el argumento de “prevenir un daño irreparable al derecho de acceso a la justicia de las víctimas Molina Thiessen”, explicaron desde la CIDH.
En un primer momento, la sala de apelaciones hizo lugar a este señalamiento y retuvo la excarcelación pero, luego de que la Corte Suprema de Justicia guatemalteca ejerciera presión sobre ella, acabó por ratificar la decisión. Según fuentes implicadas, el máximo tribunal amenazó con sancionar a los jueces, de no obedecer sus órdenes.
Jovita Tzul, quien lidera la defensa de la familia Molina Theissen, rechazó la decisión final de la sala de apelaciones y la consideró “una resolución lamentable que genera retrocesos graves en materia de derechos humanos”. Remarcó, asimismo, que la posición de la Corte Suprema de presionar por la liberación de los ex militares “genera responsabilidades al Estado de Guatemala y a los magistrados”.
(Con información de AP)
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