La ONU advirtió este viernes sobre la sostenida extensión del régimen de excepción en El Salvador y pidió su cese inmediato.
“Reconocemos el complejo reto al que se enfrenta El Salvador para hacer frente a la delincuencia. Sin embargo, debilitar el Estado de derecho y la integridad del sistema legal, derogando el derecho a un juicio justo, no es la respuesta”, declaró Marta Hurtado, portavoz de la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Pedimos a las autoridades que levanten el estado de excepción y revisen las medidas que han introducido”, instó Hurtado.
El presidente Nayib Bukele dispuso el inicio de esta medida el 27 de marzo de 2022, como respuesta a una ola de 87 violentos asesinatos que tuvieron lugar en pocos días. Hace poco más de un año, cifras oficiales daban cuenta de que el país estaba controlado por las maras, casi en un 80 por ciento.
Como respuesta a ello, el Congreso unicameral acompañó la disposición del régimen de excepción, que suprime varios derechos constitucionales, como garantías a los arrestados para acceder a un abogado o de ser informados sobre los cargos en su contra.
También amplía la ventana de detención de 72 horas a 15 días y permite a las autoridades intervenir en la correspondencia y los celulares de quienes considera sospechosos.
Desde entonces, ya han sido detenidos más de 68.000 presuntos pandilleros, sin órdenes de arresto de la Justicia, que incluye a unos 1.600 menores. Estas cifras han derivado en que nueve de cada diez salvadoreños apoye la medida y la considere efectiva en la lucha contra la violencia en las calles.
Sin embargo, múltiples organizaciones de derechos humanos han criticado las formas en la que Bukele está gestionando esta crisis.
Otro de los puntos controversiales por los que más es señalado el mandatario es la reciente construcción de una mega cárcel, la más grande de América. Este centro penitenciario tiene la capacidad para albergar a 40.000 presos con un severo régimen de reclusión.
Imágenes difundidas en redes sociales dan cuenta de las condiciones de detención de los reos, que acompañan las alarmas de múltiples informes, que dan cuenta de malos tratos y muertes bajo custodia policial.
En ese sentido, la Oficina del Alto Comisionado acompañó los datos expuestos en el último informe de la ONG Cristosal y denunció que al menos 153 reclusos han muerto en prisión desde la implementación del estado de excepción. El Gobierno no ha provisto datos oficiales pero el informe asegura que la cifra se debe al efecto de torturas, lesiones graves y sistemáticas, falta de asistencia médica, desnutrición y violencia.
“Pedimos a las autoridades que investiguen de inmediato todas las muertes bajo custodia, conforme a las normas internacionales”, subrayó al respecto la portavoz de la ONU y agregó que las autoridades salvadoreñas deben hacer rendir cuentas a los responsables y “garantizar justicia y reparación a los familiares de las víctimas”.
Por su parte, Bukele -que acaba de cumplir cuatro años en el Gobierno y va por la reelección- presentó este jueves su informe a la nación y rechazó las críticas de la comunidad internacional.
“El Salvador es un país soberano. No rendiremos cuentas a la comunidad internacional ni nos doblegaremos ante los países que nos quieren decir cómo resolver nuestros problemas, cuando ellos no pueden resolver los suyos”, dijo.
(Con información de AFP y AP)
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