En medio de la grave crisis política y social que atraviesa Haití desde hace años y que ya ha alcanzado niveles alarmantes, el Ministerio de Justicia destituyó al Fiscal General de Puerto Príncipe.
El máximo órgano judicial dispuso la salida de Jacques Lafontant tras estar, desde hace meses, en la mira por acusaciones de negligencia en su cargo y posible corrupción.
El Ministerio comunicó este viernes por la noche el cese inmediato de sus funciones y anunció que, en su lugar, asumirá el ex fiscal del Gobierno del municipio de La Croix des Bouquets y Hinche, Edler Guillaume.
El nuevo funcionario ya tomó juramento ante el decano del Tribunal de Primera Instancia, Chavannes Etiene.
En el último tiempo, la Fiscalía de Puerto Príncipe pasó a estar con frecuencia en la mira de las autoridades por irregularidades y robos en los que los ladrones se hicieron con documentos importantes que podrían ser clave en las acusaciones del Consejo Superior de la Judicatura del país sobre Lafontant.
El ente había recomendado el cese fulminante del ahora ex funcionario junto con varios magistrados del país, por “falta de integridad moral, abuso de autoridad y abuso de alcohol”.
Sumado a esto, este último miércoles por la noche la sede de la Fiscalía fue vandalizada y, aunque no se reportó la sustracción de documentos, sí contribuyó al descontento de los miembros del sistema judicial, que está al borde del colapso y funciona precariamente.
Por otro lado, Lafontant está acusado de no lograr dar una respuesta apropiada -junto con el gabinete gobernante- a la escalada de violencia que se vive en Haití y que han llevado a que zonas del país estén controladas por bandas armadas.
A raíz de ello, en el país se registran incidentes y secuestros a diario y ya han muerto más de 1.400 civiles inocentes, indican los registros de las Naciones Unidas.
La violencia armada derivó, a su vez, en un empeoramiento de las cifras del hambre y se estima que este 2023 cerrará con un 30% más de niños afectados por desnutrición aguda grave. Así, según el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), la cifra pasaría de los 87.500 a los 115.600 menores perjudicados.
“La horrible violencia en las zonas afectadas por las pandillas, que incluye violencia social, (...) es emblemática del terror que afecta a la mayor parte de la población de Haití. Los niños se encuentran entre las víctimas de los crímenes más atroces”, alertó la nueva enviada de las Naciones Unidas para Haití, la ecuatoriana María Isabel Salvador y pidió “actuar ahora” frente a esta situación que “no puede esperar”.
Haití requiere asistencia inmediata para responder a la creciente violencia de las pandillas y desarrollar su Policía”, continuó y respaldó el pedido del primer ministro, Ariel Henry, de meses atrás en el que llamó a la comunidad internacional que intervenga en el país y ayude a restablecer el orden y la seguridad.
(Con información de EFE y Europa Press)
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