Guillermo Lasso anunció la llamada “muerte cruzada”, contemplada en la Constitución ecuatoriana de 2008 por “grave conmoción interna y política”, después de haber comparecido el martes ante la Asamblea para realizar su alegato de defensa ante la acusación formulada por la oposición por un presunto delito de peculado, que él considera “infundada”.
De esta forma, sacrificará parte de la segunda mitad de su mandato presidencial a cambio de gobernar mediante decretos leyes, sin el contrapeso del Parlamento, hasta que asuma su sucesor.
Tras la decisión del mandatario de recurrir a la “muerte cruzada”, el movimiento Revolución Ciudadana (RC), que lidera el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), rechazó por considerar “ilegal” el decreto de disolución del Parlamento.
Marcela Holguín, cabeza del grupo parlamentario de Unión por la Esperanza (UNES, que arropa a RC), aseguró en una rueda de prensa que la decisión de Lasso de invocar a la llamada “muerte cruzada” podría caer en la ilegalidad porque no cumple con las causales para ser invocada.
“El decreto emitido esta mañana por el presidente Guillermo Lasso es ilegal”, pues no se registra en el país “ni conmoción interna ni una grave crisis política”, agregó la legisladora correísta en una declaración en la sede del movimiento UNES, la principal fuerza de oposición legislativa.
Por su parte, el coordinador nacional del movimiento indígena Pachakutik, Marlon Santi, tildó este miércoles de inconstitucional la medida tomada por Lasso, quien también adelantó las elecciones generales además de disolver el parlamento.
En una rueda de prensa en la sede esa fuerza política, Santi consideró que la Corte Constitucional debe pronunciarse sobre la aplicación de la “muerte cruzada”, decretada por Lasso en el contexto del juicio político de censura, cuando no tenía la seguridad de lograr los votos necesarios para seguir en el cargo.
El coordinador de Pachakutik abogó por formar un frente nacional para contrarrestar las políticas que pueda emprender Lasso sin el contrapeso de la Asamblea si finalmente los jueces validan el decreto de la “muerte cruzada” emitido por el presidente.
En la Corte Constitucional ya se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad -lo hizo Esteban Torres, quien el pasado domingo fue elegido segundo vicepresidente del Parlamento ecuatoriano-, para que dirima sobre ese escenario y Pachakutik no descarta presentar otra más en su nombre.
Por su parte, el ex presidente ecuatoriano Lenín Moreno (2017-2021) solicitó este miércoles unidad, humildad y desprendimiento.
En un mensaje en redes sociales, Moreno, que ejerce en Asunción como comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad, aseguró que “es la hora ciudadana” y pidió “cabeza fría” para que no se repita el triunfo electoral del correísmo en las últimas elecciones locales del 5 de febrero.
La muerte cruzada implica que el Consejo Nacional Electoral convoque, en un plazo máximo de siete días, a elecciones para designar a los representantes del Ejecutivo y del Legislativo.
(Con información de EFE)
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