Ante la crisis de seguridad que enfrenta el país, la Corporación de Gremios Exportadores de Ecuador (Cordex) ha exigido a las autoridades estatales la aplicación de medidas urgentes para garantizar la seguridad de las empresas de los sectores productivos, que en lo que va del año han registrado un perjuicio económico de USD 2 millones, además de trabajadores heridos y fallecidos, por causa de la violencia.
La Corporación de Gremios pidió al gobierno que asigne recursos a las autoridades de control para que se realicen patrullajes permanentes a nivel terrestre y fluvial, que exista resguardo constante en las zonas georreferenciadas con mayor índice delictivo, que se fortalezca el departamento de inteligencia de la Policía y que las Fuerzas Armadas apoyen las labores de seguridad en casos de extorsión y secuestro; y autorizar el porte de armas de largo alcance para el uso a guardias de empresas de seguridad.
Los exportadores también exigieron al congreso que se cree legislación que busque la protección de las víctimas. Mientras que las instituciones de la Función Judicial se les pidió que destituyan a los jueces que dictan medidas sustitutivas a los delincuentes y que se fortalezca el programa de víctimas y testigos protegidos.
Entre los gremios exportadores constan las empresas de banano, plátano, del sector pesquero, camaronero y cacaotero del país. En una rueda de prensa, los representantes de estos sectores señalaron que los productores no solo enfrentan robos o asaltos sino también extorsiones. Muchos no denuncian que son víctimas de las bandas por temor.
Entre enero y abril de 2023, 400 personas vinculadas a este gremio resultaron heridas y ya se cuentan 14 fallecidos a causa de la inseguridad. Estos números son tres veces más altos que los registrados en los primeros cuatro meses del 2022. Los más afectados son los productores que están asentados en zonas rurales, según indicó José Antonio Camposano, presidente del directorio de Cordex y de la Cámara Nacional de Acuacultura.
“Venimos a exigir que el Estado ecuatoriano devuelva la tranquilidad a quienes queremos trabajar libremente”, dijo Camposano. Según el empresario, anualmente el sector privado invierte al menos USD 200 millones en sistemas de seguridad que incluyen cámaras de vigilancia, equipos de monitoreo y rastreo satelital, radios, además de los contratos con empresas de seguridad, etc.
El vicepresidente de Codex, José Antonio Hidalgo, aseguró que las exigencias del sector son “un mensaje a la falta de reacción (de las autoridades) que estamos teniendo”. Por su parte, Merlyn Casanova, directora ejecutiva de la Asociación de Exportadores de Cacao del Ecuador, señaló la preocupación de este gremio sobre la situación de los pequeños productores que se encuentran en zonas rurales, en donde son atacados.
El director ejecutivo de la Cámara Nacional de Pesquería, Rafael Trujillo, se refirió a los pescadores que diariamente son víctimas de asalto.
En 2022, Infobae alertó sobre las precarias condiciones de trabajo de los pesqueros artesanales de las costas de Ecuador, quienes se enfrentan al robo de sus motores y que son cooptados por narcotraficantes para que trasladen droga en lanchas rápidas.
Trujillo llamó la atención del congreso y le pidió que se dedique a atender los requerimientos ciudadanos y no solo a la operación política: “Estamos todos concentrados en las acciones de la Policía y de las Fuerzas Armadas y del Gobierno, pero yo quiero hacer un llamado especialmente a la Asamblea Nacional, concentrado únicamente en derrocar al Gobierno y no atiende el principal clamor de toda la ciudadanía”. El empresario también se refirió al Consejo de la Judicatura y reclamó: “qué espera para empezar a sancionar a jueces que al día siguiente liberan a líderes de pandillas”.
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