Lo que Brasil se lleva del Foro de Davos

Un escaparate internacional para vender una idea de Brasil que pueda atraer capital. Para el nuevo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, éste fue el Foro Económico de Davos, que reúne cada año a los poderosos de la tierra para debatir sobre la economía. Pero el presidente no acudió porque estaba ocupado preparando su viaje a Argentina para asistir a la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) el 24 de enero en Buenos Aires. En su lugar envió a su ministro de Economía, Fernando Haddad, y a la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva.

Davos fue también ocasión de hacer llamamientos económicos. Silva pidió que se cumpla el compromiso de 2015 firmado en el Acuerdo de París que prevé un fondo de 100.000 millones de reales (cerca de 20.000 millones de dólares) para que los países pobres luchen contra el “cambio climático”. Debía ser financiado a partir de 2020, pero no ocurrió. “Tenemos una buena regulación global pero falta inversión”, dijo la ministra, que añadió que “necesitamos una inyección de fondos para acciones de mitigación y también de adaptación”. La ministra de Medio Ambiente también declaró que ha iniciado negociaciones para recibir donaciones de las fundaciones de la estrella de Hollywood Leonardo DiCaprio y del fundador de Amazon, Jeff Bezos. También se reunió con el hijo del magnate George Soros, Alexander, que ahora dirige la Fundación Open Society y que declaró: “el desarrollo de la selva amazónica beneficiará a quienes viven allí y es crucial para el futuro de nuestro planeta”. Sólo en 2021, la Open Society transfirió más de 107 millones de reales, unos 20 millones de dólares, a ONG brasileñas como el Instituto Clima y Sociedad.

No faltaron las meteduras de pata. Marina Silva afirmó que 120 millones de brasileños, es decir, más de la mitad de la población, pasan hambre. Sin embargo, un estudio de la Red Brasileña de Investigación en Soberanía y Seguridad Alimentarias la contradice. Se dice que hay 33 millones de personas en grave crisis alimentaria. Mientras que un informe del Banco Mundial del pasado noviembre afirmaba que el número de personas por debajo del umbral de la pobreza en el país se ha reducido del 5,4 % en 2019 al 1,9 % en 2020, es decir, de 11,37 millones a 4,14 millones.

Además de Marina Silva, también intervino en Davos el ministro de Economía, Fernando Haddad, que presentó al mundo la nueva agenda económica de Brasil, prometiendo reducir a cero el déficit de las cuentas públicas en dos años y lanzar una reforma fiscal en el segundo semestre de 2023. En las primeras semanas del nuevo gobierno sólo sufrió la clase media, a la que se negó hasta ahora el aumento del salario mínimo a 1320 reales, es decir 250 dólares y la exención fiscal para los salarios inferiores a 5.000 reales, es decir 968 dólares, beneficios que se habían prometido en la campaña electoral. El primer paquete de medidas presentado por Haddad antes de marcharse a Davos también había dejado perplejo al mercado. A pesar de tener un impacto potencial de 242.700 millones de reales (47.000 millones de dólares) en el presupuesto, estas medidas se centran esencialmente en el aumento de los impuestos, sin que por ahora haya un contrapeso de la reforma fiscal.

En Davos no faltaron las críticas. El reputado politólogo Ian Bremmer, director del centro de análisis Eurasia, escribió una carta a sus clientes en la que afirmaba no tener “mucha confianza en Brasil”. Bremmer también dijo que prevé un “deterioro” de la economía y de la popularidad del gobierno, que no podrá mantener su postura de condena de los actos del 8 de enero “en medio del deterioro de la economía”. La carta se divulgó después de la reunión del propio Bremmer con Haddad, pero Eurasia rectificó posteriormente que el texto se había escrito antes de la reunión.

Precisamente por los temores internacionales de un crecimiento de la inflación debido a una expansión fiscal que actualmente no tiene contrapeso, ya que tanto Lula como Haddad se han manifestado en contra del techo de gastos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha puesto a disposición para contribuir al debate sobre el nuevo sistema fiscal que el gobierno brasileño quiere implantar. El FMI está dispuesto a ofrecer a Brasil un equipo técnico para mostrar las reglas implementadas en otros países y su opinión “sobre lo que funciona y lo que no”. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también se ha declarado dispuesto a contribuir a este debate vital para el futuro del país.

Fue en Davos donde Haddad se comprometió a presentar al Congreso antes de abril la nueva propuesta de ancla fiscal para sustituir al techo de gastos, que es una de las tres reglas fiscales a las que debe atenerse el gobierno. A finales de diciembre un nuevo texto de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) fue aprobado en la Cámara de Diputados para ampliar por un año el techo de gastos de 169,1 mil millones de reales, unos 33 mil millones de dólares.

La adhesión de Brasil a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también se debatió en Davos. Haddad se reunió con el Secretario General Mathias Cormann durante quince minutos y afirmó que la decisión final corresponderá a Lula. “No hay ningún obstáculo para que Brasil formule una adhesión acorde con sus intereses. No hay rigidez de todo o nada. Hay margen para el debate”, dijo, anunciando también la creación de un grupo de trabajo sobre el tema.

Hasta ahora Lula no ha mostrado ningún interés en una posible admisión de Brasil a la OCDE. En los primeros días de su mandato incluso cerró la secretaría que seguía el complicado proceso. Sin embargo, Brasil lleva veinte años intentando entrar en este organismo multilateral que, a diferencia del FMI, no presta dinero, sino que, por el contrario, exige a los países miembros unos parámetros estrictos, no sólo económicos pero también éticos. Y casi lo había conseguido. Hasta ahora Brasil, cuya adhesión comenzó el año pasado, había alcanzado más de la mitad de las 208 normas exigidas y estaba a punto de alcanzar las próximas 45.

Según el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), la admisión podría representar un aumento del 0,4% del Producto Interior Bruto (PIB) anual, ya que la mera adhesión sería una especie de “sello de calidad” capaz de atraer más inversiones extranjeras. Pero a partir de 2019, el Partido de los Trabajadores (PT) se opone porque “la adhesión presupone una revisión rigurosa de las políticas y prácticas públicas nacionales en ámbitos como la agricultura, la ciencia y la tecnología, el comercio y la inversión”. Quizás asusten los parámetros que exige la OCDE en materia de racionalización fiscal y de lucha contra la corrupción.

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