Pidieron ocho años de prisión para la ex fiscal anticorrupción Virginia Laparra por abuso de autoridad en Guatemala

El Ministerio Público de Guatemala solicitó este miércoles que la ex fiscal anticorrupción Virginia Laparra sea sentenciada a ocho años de prisión por un delito administrativo, pese a la insistencia de organizaciones sociales que piden su libertad.

En la recta final del juicio en su contra, la Fiscalía pidió este miércoles al Tribunal Octavo de Sentencia Penal que Laparra reciba una condena de ocho años de prisión por el supuesto delito de abuso de autoridad en forma continuada.

Laparra, quien investigaba casos de corrupción en el occidente de Guatemala, se encuentra en prisión preventiva desde hace nueve meses.

“A pesar de haber sido acusada solo de un delito menor, ha estado recluida en régimen de aislamiento en algunas de las prisiones más notorias del país. Evaluaciones independientes legítimas de grupos como Human Rights Watch han caracterizado su situación como detención arbitraria”, dijo el Colegio de Abogados.

La ex fiscal enfrenta este proceso tras denunciar en cuatro ocasiones en 2018 al juez Lesther Castellanos, cayendo en un supuesto “abuso de poder” porque a criterio del acusador Laparra actuó “por motivación particular”.

En una entrevista con The Associated Press Laparra expresó que la acusación en su contra era absurda pues como fiscal no tenía derecho sino obligación de denunciar y que se trata de una venganza por haber trabajado en temas de corrupción.

Junto a Laparra, otras seis ex fiscales han sido procesadas y otros 24 operadores de justicia han tenido que salir al exilio por su participación en la etapa histórica de persecución a la corrupción que vivió Guatemala entre 2015 y 2018.

La persecución contra los fiscales y jueces anticorrupción en Guatemala ha sido encabezada por la organización de extrema derecha Fundación Contra el Terrorismo (FCT), cuyos líderes fueron sancionados por Estados Unidos, incluyéndolos en la lista de actores antidemocráticos.

La defensa de Laparra argumentó durante las conclusiones que la ex fiscal tenía legitimidad y obligación de denunciar al juez Castellanos porque él había afectado una investigación filtrando información confidencial.

Además, agregó que las acciones de Laparra estaban plenamente autorizadas por sus superiores jerárquicos del Ministerio Público.

Organizaciones sociales como Amnistía Internacional han exigido al Estado de Guatemala la liberación de la ex fiscal Laparra, por considerar que la acusación en su contra presenta serias falencias.

Durante el actual gobierno del presidente Alejandro Giammattei más de 30 jueces, fiscales, periodistas y activistas de derechos humanos se han exiliado denunciando una criminalización en su contra.

(Con información de EFE y The Associated Press)

Seguir leyendo: