Siete ministros y ex secretarios de Estado del gobierno de Guillermo Lasso están en la mira del congreso ecuatoriano, cuyos legisladores impulsan diez juicios políticos en contra de estas altas autoridades.
Pese a que la Asamblea Nacional no ha cumplido con su plan de trabajo en cuanto a la creación y reforma de leyes, constantemente se mueve políticamente no solo con los juicios políticos sino con la convocatoria a las comparecencias en las distintas comisiones para que rindan cuentas sobre los problemas del país.
Según los datos de la Asamblea Nacional tabulados por el Observatorio Legislativo, de las votaciones realizadas por los legisladores, el 39 % se refiere a la aprobación de acuerdos y resoluciones, que mayoritariamente no son vinculantes; el 16 % de las votaciones fueron para aprobar o archivar leyes y el 10 % para fiscalizar. Desde mayo de 2021, el congreso ha aprobado 19 leyes, pero ha impulsado 17 juicios políticos.
Los juicios políticos, algunos ya en trámite y otros que solo han sido anunciados, son en contra de los ex ministros de Salud, Interior y Energía de Lasso y de los actuales secretarios de Estado de Agricultura, Economía, Telecomunicaciones y Obras Públicas, según una recopilación realizada por el medio ecuatoriano El Universo.
La exministra de Salud, Ximena Garzón, que impulsó la campaña de vacunación anticovid, ha sido señalada por el legislador Ricardo Vanegas, del movimiento indígena Pachakutik, por supuestas irregularidades en la compra de medicinas caducadas durante su paso por el Ministerio de Salud. El juicio ha sido calificado por el Consejo de Administración Legislativa y actualmente se espera el informe que debe elaborar la Comisión de Fiscalización. Este informe puede recomendar continuar o no con el enjuiciamiento político y de esto depende que el pleno del congreso conozca el procedimiento.
El ex ministro del Interior, Patricio Carrillo, enfrenta cuatro solicitudes de juicio político impulsadas por la bancada correísta Unión por la Esperanza, por la Izquierda Democrática y por Pachakutik. Al ex secretario de Estado se lo acusa de vulneraciones a los Derechos Humanos y de represión a los manifestantes de las protestas de junio de este año, también por la detención al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Iza, por la inseguridad en las calles y la crisis carcelaria y por las responsabilidades dentro del feminicidio que sucedió dentro de la Escuela de Policía y que se llevó la vida de María Belén Bernal.
Los cuatro juicios en contra de Carrillo han sido calificados por el CAL y deberán analizarse en la Comisión de Fiscalización, pero esto sucederá luego de que se despache el informe del juicio en contra de Garzón.
Xavier Vera, que fungía como ministro de Energía hasta la semana anterior, también enfrentaría un juicio político, según han anunciado un grupo de legisladores liderados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, y por el diputado Ricardo Vanegas. A Vera se lo acusa por actos de corrupción relacionados con intentos de sobornos a periodistas, uso indebido de un carnet de discapacidad para beneficiarse de descuentos, conflicto de interés en el caso de la Coca Codo Sinclair, entre otros.
El legislador Salvado Quishpe, de Pachakutik, también inició un juicio político en contra de la ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino. A ella se la acusa de no entregar información sobre un reglamento para normar el uso del espectro radioeléctrico por parte de las empresas telefónicas privadas.
El titular de la cartera de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, también es otro de los acusados políticamente. En este caso, quienes analizan el juicio son los bloques de Pachakutik y del Partido Social Cristiano. Se lo señala por la falta de gestión en la vialidad en la Amazonía y en otras vías del país.
Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas, en cambio es señalado por no presentar información sobre los USD 314 millones que se adeuda a la Amazonía por concepto de extracción petrolera y que son recursos que alimentan a los Fondos de Desarrollo Sostenible y Común, lo que afectaría a los gobiernos locales de esa región.
El décimo proceso de juicio político es en contra de Pedro Álava, ministro de Agricultura, por su responsabilidad en la expropiación de 13.000 hectáreas en la hacienda Ayalán, ubicada en la provincia de Guayas.
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