Uruguay: la Universidad de la República rechazó un proyecto de ley que busca prohibir el lenguaje inclusivo

El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (UdelaR) rechazó el proyecto de ley presentado por la diputada de Cabildo Abierto Inés Monzillo —llamado “Alteraciones gramaticales y fonéticas en institutos de enseñanza y entes públicos”— para prohibir el lenguaje inclusivo en la educación.

Para Monzillo “se trata de una moda y las modas no están para enseñarse en las escuelas y liceos”. Según dijo, “el lenguaje inclusivo no tiene fundamento” y “no es un lenguaje”, sino “reflejo de una ideología –de género–, que responde al movimiento feminista y a la llamada agenda de derechos”, informó Búsqueda en enero de este año. Lo que pretendía la legisladora era que “se respete el idioma español en todo el Estado”.

El CDC —integrado por los decanos de las facultades— manifestó estar en desacuerdo con propuestas que limiten las formas del lenguaje, “así como con cualquier mecanismo que busque atentar contra la libertad de expresión y la libertad de cátedra”, informó El Observador.

“Los colectivos que se autoidentifican y defienden sus derechos con la utilización de creaciones léxicas que no marcan el masculino como genérico no desnaturalizan el lenguaje ni lesionan derechos de otras personas”, indica la resolución emitida por la UdelaR.

Además, se expresa que en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la UdelaR se “define como derecho inherente del personal docente la libertad de catedra y reconoce el derecho a la más amplia libertad de opinión y critica a los órdenes universitarios e individualmente a cada uno de sus Integrantes”.

De todos modos, desde el CDC se aclaró que esto no implica el apoyo al lenguaje inclusivo por parte de la UdelaR, sino que es simplemente el desacuerdo respecto a su prohibición.

En ese sentido, reafirmaron “el respeto por la diversidad y, en particular, el respeto por la diversidad lingüística y por la diversidad de prácticas lingüístico-comunicativas” necesario en una sociedad democrática.

En enero, Uruguay publicó una circular que obligaba en los casos que se quisiera utilizar el lenguaje en la educación pública a hacerlo según las reglas del idioma español. En ese sentido, lo emitido por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) permitía el uso de “expresiones inclusivas”, siempre y cuando se cumpliera con las reglas del idioma español.

Esta resolución afecta solamente a los funcionarios docentes y no docentes, dando libertad a la forma de expresión de los estudiantes.

Durante una visita a Uruguay realizada el mes pasado, el director de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), Santiago Muñoz Machado, expresó que “son los hablantes quienes deciden cómo evoluciona su lengua. Lo decidirán también con el lenguaje inclusivo. La lengua cambia muy lentamente siempre”.

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