El régimen de Nicaragua ordenó el cierre de otras 25 organizaciones y fundaciones, dentro de una campaña represiva, amparada en una ley aprobada el pasado mes de abril, en la que al menos 77 ONG se han visto afectadas solo este año.
El diputado oficialista Filiberto Rodríguez fue el responsable de presentar el decreto legislativo, que incluye a organizaciones como Asociación Movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), Asociación de Comisiones por la Paz de los Derechos Humanos (ACPDH) o la Asociación por la Democracia, de Enrique Bermúdez Varela, entre otras, tal y como informó el diario ‘La Prensa’.
El pasado 19 de abril, las autoridades de Nicaragua ya ordenaron el cierre de otras 25 organizaciones en el país dentro de esta campaña represiva contra las ONG que ya suma más de cien entidades afectadas desde la ola de protestas de 2018.
El Parlamento de Nicaragua aprobó a principios de abril la Ley General de Regulación y control de Organismos sin Fines de Lucro, que deja a las ONG a merced del Ministerio de Gobernación. Sobre este organismo recaen las competencias para introducir los requisitos de funcionamiento de las organizaciones y, por extensión, de la retirada de permisos.
El oficialismo controla la Asamblea Nacional, gracias a lo cual ha logrado sacar adelante leyes a medida de los criterios del Gobierno de Daniel Ortega. Tanto la oposición interna como organismos internacionales han alertado de la creciente presión sobre entidades independientes, si bien las autoridades han justificado los cierres de ONG y de universidades en virtud de argumentos administrativos.
181 PRESOS POLÍTICOS
La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua acusó este martes al régimen Daniel Ortega de intentar matar de manera lenta a los 181 opositores que se encuentran encarcelados y que son considerados “presos políticos” por los organismos humanitarios.
“Lo que está haciendo la dictadura (de Nicaragua) en las cárceles, es intentar matar de manera lenta a nuestras presas y presos”, denunció el miembro de la Unidad Héctor Mairena, en una conferencia de prensa telemática.
Mairena explicó que, con esa denuncia, lo que están “haciendo es una alerta a nivel nacional e internacional para que se condene y se presione a la dictadura para que se respeten los derechos humanos de los presos”.
La Unidad Nacional opositora divulgó la denuncia un día después de que los familiares de un grupo de más de 40 “presos políticos”, de un total de 181, aseguraran que la situación de salud de los convictos es “gravísima”, y que temen por sus vidas, debido a supuestas torturas y malos tratos recibidos en prisión.
Los familiares afirmaron que los reos sufren desnutrición, alergias, quemaduras en primer y segundo grado, problemas cardíacos y de presión arterial, padecimientos mentales, hongos o despigmentación de la piel, lesiones en la espalda o falta de dentadura.
(Con información de Europa Press)
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