Listas negras, arrestos, deportaciones y exilio: el drama de los músicos y sus canciones bajo el régimen de Daniel Ortega

Como se ha vuelto frecuente, la nueva ola represiva que se vive en Nicaragua fue anunciada a la víspera por la vicepresidenta Rosario Murillo, en sus monólogos diarios del mediodía, cuando a principios del mes amenazó a quienes intentaran celebrar, según sus palabras, “ese nefasto abril que todos aborrecemos y que nunca volverá”.

Este 19 de abril se cumplieron cuatro años del estallido de las protestas populares que sacudieron el régimen de Daniel Ortega, y Rosario Murillo ha denostado cada día contra esta fecha que aparentemente le quita el sueño. “Querían algunos, esos destructores de la paz, querían que el mundo creyera que la insurrección se repetía en Nicaragua. Lo que había es crimen, crimen organizado, eso es lo que había, con montajes coreográficos que simulaban la epopeya de la insurrección. ¿Quién les creyó? ¡Nadie!”, expresó Murillo.

Dos músicos fueron apresados el pasado 12 de abril, otros dos fueron expulsados del país, a otro se le prohibió el ingreso a Nicaragua, algunos habrían salido silenciosamente al exilio y muchos más han denunciado asedios, que incluyen requerimientos policiales o patrullas frente a sus viviendas en medio de esta nueva ola represiva. Los músicos se volvieron blanco principal del régimen ante la posibilidad de que sus canciones recuerden el abril de hace cuatro años que atormenta al régimen de Ortega y Murillo.

El 12 de abril la policía apresó a Josué Monroy, líder y vocalista de la banda Monroy y Surmenage, y a Salvador Espinoza y Xóchitl Tapia, propietarios de SaXo Producciones. Diez días antes, Monroy dio un concierto en Alianza Francesa por el quince aniversario de su banda y tocó canciones alusivas a las jornadas de hace cuatro años. El concierto estuvo organizado por SaXo Producciones.

Hasta ahora el régimen no ha dado explicación alguna sobre estas detenciones, pero se sabe por los familiares que se encuentran detenidos en la cárcel conocida como El Chipote, donde está recluida la mayoría de presos políticos detenidos a partir de mayo del año pasado. “Hasta el día de hoy desconocemos cuál va a ser la acusación y cuál va a ser el argumento para tenerlos detenidos de manera ilegal en El Chipote”, dice la abogada Yonarqui Martínez, asesora legal del comité de madres de presos y presas políticos de Nicaragua.

Previo a estas detenciones, la Policía circuló entre los dueños de bares y restaurantes una “lista negra” de bandas cuyas contrataciones considera prohibidas, so pena de revocación de las licencias comerciales de los negocios que las contraten, informaron los notificados.

El productor musical de origen costarricense Leonardo Canales, director de La Antesala, y la cantante de origen italiano Emilia Arienti, fueron expulsados del país sin explicación alguna. Canales fue apresado también el 12 de abril y tiene la doble nacionalidad nicaragüense y costarricense.

“Desde La Antesala informamos que nuestro director y colega Leonardo Canales ha sido deportado a su país de origen y ha llegado bien. Agradecemos las muestras de apoyos brindadas”, expresó la productora en un comunicado donde también se anuncia “el cierre a nuestro espacio cultural”.

Este martes, el régimen de Nicaragua prohibió el ingreso al país del marimbista de la agrupación La Cuneta Son Machín, Carlos Luis Mejía, hijo del reconocido cantautor, también exiliado, Carlos Mejía Godoy. Carlos Luis Mejía regresaba de Estados Unidos a Nicaragua y en su escala en El Salvador fue notificado sobre la prohibición de su ingreso que ordenó el gobierno de Nicaragua.

Una fuente ligada al mundo artístico aseguró a Infobae que muchos otros músicos se encuentran asediados en sus viviendas, escondidos por temor a ser capturados, o habrían salido del país para preservar su libertad.

La persecución a los músicos se inscribe en una ola represiva mayor que incluye asedio y detenciones a activistas, exreos políticos y familiares de los asesinados, ante la posibilidad de conmemoraciones de los hechos de abril, hace cuatro años.

El organismo opositor denominado Monitoreo Azul y Blanco reportó este martes 77 incidentes relacionados a violaciones a derechos humanos entre el domingo 17 y el lunes 18, entre las que se cuentan seis detenciones y siete amenazas contra activistas opositores y excarcelados políticos.

“En este momento todos estamos amenazados de ser detenidos, en un país donde nadie nos puede salvaguardar”, señala la abogada Martínez, quien tiene a su cargo actualmente la defensa de mas de 40 presos políticos. La misma Martínez ha tenido que protegerse abandonando su hogar “porque se ha criminalizado la defensa de derechos humanos en Nicaragua”.

“Tienen como objetivo infundir miedo y utilizar el arma opresora que tienen, el poder judicial, la Policía Nacional, los policías voluntarios”, añade. “Era de esperarse el aumento del asedio. Lamentablemente estamos en indefensión”.

Sobre la persecución a los músicos, Martínez recuerda que desde 2018 hubo represalias contra ellos y amenazas fuertes contra quienes se atrevieron cantar el levantamiento ciudadano. Reconocidos intérpretes y cantautores como los hermanos Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, Katia Cardenal y Ceshia Ubau, entre otros, marcharon al exilio para proteger su vida y libertad.

“Desde 2018 hubo represalias contra los artistas, pero no criminalización como hay ahora”, explica Martínez. “Hay canciones que son como un himno en Nicaragua. Ellos (gobierno) lo que quieren a toda costa es que el pueblo olvide que existen violaciones a los derechos humanos e impunidad con los asesinados”.

“Con apresar al artista no van a acallar la voz de las personas, más bien apresando al artista crean el efecto contrario, detienen al artista, pero sus canciones se hacen virales y tienen más impacto”, concluye la abogada.

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