La iniciativa sobre la próxima consulta popular que el presidente Guillermo Lasso se ha empeñado en impulsar tendrá cuatro límites establecidos en la Constitución del Ecuador: no puede alterar la estructura fundamental de la Constitución; no puede cambiar los elementos constitutivos del Estado; no puede establecer restricciones a los derechos y garantías; y no puede modificar el procedimiento de reforma de la Constitución.
La estructura normativa de la Constitución del Ecuador consiste en su configuración estatal, derechos y garantías fundamentales, administración pública y procedimientos de reforma. Los elementos constitutivos del Estado ecuatoriano son su forma republicana y descentralizada, su soberanía, sus símbolos patrios y su ciudad capital. Las restricciones a los derechos y garantías constitucionales son aquellas que menoscaban su ejercicio. El procedimiento de reforma de la Constitución son las vías establecidas para esta finalidad: enmienda, referendo o convención constituyente. En resumen, nada de esto está permitido consultar.
Ante las crecientes polémicas que el gobierno del Ecuador ha experimentado frente a la legislatura nacional ecuatoriana, el presidente Guillermo Lasso anunció que se encuentra trabajando en una serie de temas para que la gente las decida en una consulta popular.
Esto sucede como consecuencia del reciente rechazo y archivo legislativo al proyecto presidencial de atracción de inversiones que tenía por objeto generar empleos y promover la inversión nacional y extranjera en el país, según los voceros del gobierno del Ecuador.
El presidente Lasso asegura estar impedido para ejercer las atribuciones de gobierno que le faculta la ley, que buscará los mecanismos constitucionales para gobernar prescindiendo del poder legislativo y que uno de estos mecanismos es la consulta popular. El mandatario ecuatoriano ha manifestado que la estima convocar con la intención de preguntar al electorado sobre aquello que “la Asamblea se ha negado a tratar”.
La Constitución de Ecuador permite que el presidente de la República disponga al Consejo Nacional Electoral (CNE) la convocatoria a una consulta popular en los temas que el gobernante estime convenientes.
El presidente Lasso todavía no ha anunciado cuáles serán los temas de la convocatoria, pero entre ellos podría incluirse el proyecto de ley en materia de inversiones que fuera recientemente rechazado y la reforma a la legislación del trabajo para facilitar el acceso al empleo, además de otros temas que se ha discutido en el país como la reducción del número de legisladores y la implantación de un sistema legislativo bicameral, la modificación del Consejo Nacional de la Judicatura, la modificación o incluso la posible eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Que estas modificaciones alteren la estructura fundamental de la Constitución o los elementos constitutivos del Estado será materia de análisis de la Corte Constitucional en un dictamen previo.
El recientemente posesionado ministro de Gobierno y Gestión de la Política, Francisco Jiménez, pronosticó la apuesta por la vía plebiscitaria en caso de que no se lograran restablecer los canales de entendimiento con los actores políticos y legislativos. El secretario de Estado manifestó que las áreas de interés del régimen en la eventual convocatoria a una consulta popular son: la generación de empleo, la seguridad ciudadana y el cambio de las estructuras políticas.
La ley electoral ecuatoriana establece que el Ejecutivo podrá proponer una consulta sobre un proyecto de ley que haya sido negado por la legislatura, por lo que podría consultarse sobre el articulado del proyecto legislativo rechazado en materia de atracción de inversiones y que fuera archivado el pasado 22 de marzo.
Según Click Report, que consultó a 760 personas en Quito y Guayaquil, el 67% de los encuestados rechazó el archivo a la ley de inversiones propuesta por el presidente Lasso ante la Asamblea Nacional.
La última consulta popular se celebró en 2018, con el inicio del mandato de gobierno del ex presidente Lenín Moreno, que se centró en derogación de la reelección presidencial indefinida introducida por el ex presidente Rafael Correa durante los últimos meses de su mandato. Para este evento plebiscitario, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó un presupuesto de 48.3 millones de dólares para su ejecución, con un registro electoral de 13.1 millones de electores.
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