
El comandante en jefe del Ejército de Chile, Ricardo Martínez, recibió una citación formal a declarar en calidad de inculpado este 3 de marzo en el marco de la arista “Pasajes y Fletes” de la investigación por fraude en la institución castrense que encabeza la ministra en visita Romy Rutherford. En la arista “pasajes y fletes”, se indaga el uso irregular de dineros asignados para viajes oficiales y por “gastos reservados”, donde se investiga la malversación de caudales públicos.
A diez días de entregar el mando a su sucesor, el general Javier Iturriaga, Martínez conoció el oficio que lo convoca como presunto involucrado en las aristas “Pasajes y Fletes” y “Gastos Reservados”. Como la justicia militar tramita con las reglas del sistema penal antiguo, Rutherford tiene la facultad de ordenar dejar al interrogado detenido por -al menos- cinco días antes de decidir si lo procesa o lo deja libre, incluso cuando el general se mantiene en sus funciones como comandante en jefe, decisión que podría ser inédita en la institución castrense.
Martínez fichó al abogado penalista Juan Carlos Manríquez para representarlo ante el tribunal militar, quien señaló que su defendido “se halla abocado a sus deberes institucionales relativos a la pronta entrega del mando a su sucesor”, y sin embargo, “a través de su representación legal, se encuentra atento al avance de los procesos judiciales en que pudiera decretarse alguna diligencia que suponga su intervención”.
La ministra Rutherford estaba esperando un informe policial acabado respecto a los viajes de Martínez para citarlo a declarar, y en total, la PDI pesquisa 15 traslados registrados entre 2009 y 2019, analizando en cuántos de estos hubo conductas irregulares con los fondos que le fueron otorgados para salir del país.
En base a los procesamientos de otros generales en la causa, el modus operandi para la presunta defraudación consistía en que una agencia de viajes preparaba las salidas, buscaba pasajes con escalas duraderas y a un menor precio de lo presupuestado, de manera que existía una diferencia de dinero que muchas veces terminó en los bolsillos de los altos funcionarios, algo que según el Ejército fue una “práctica errónea”.
Martínez deberá responder sobre dicha práctica, así como sobre algunas declaraciones de otros funcionarios ante la jueza, quienes indicaron que el general viajó con su esposa hacia actividades sin compañía extra, instancias en que el pasaje habría sido financiado con fondos públicos.
Por otro lado, también está en la mira de la Justicia el que Martínez fuera uno de los que depositaron con nombre y apellido en una cuenta corriente dispuesta por el Ejército para que, quienes hubieran obtenido dinero en base a esta práctica, lo devolvieran personal o anónimamente.
Este miércoles, el líder del Ejército chileno, el general Ricardo Martínez, ha renunciado a su cargo. Ante la posibilidad de un procesamiento y un eventual arresto, Martínez decidió finalmente abandonar anticipadamente su puesto, el mismo que ocupó Augusto Pinochet entre 1973 y 1998 y que tiene a tres de sus cuatro sucesores procesados: Óscar Izurieta (2006-2010), Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014) y Humberto Oviedo (2014-2018). El general Izurieta, de hecho, se encuentra arrestado desde el pasado 14 de febrero por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, por unos ocho millones de dólares, y falsedad de documento militar.

A las 9 de la mañana de este miércoles estaba fijada la Cuenta Pública 2018-2022 del Ejército de Chile. Como es tradición, esta será encabezada por el comandante en jefe de la institución, Ricardo Martínez, en la Escuela Militar. En esta ceremonia el General del Ejército anunció su renuncia, donde el militar defendió su inocencia y comunicó que previamente le presentó la renuncia al presidente Sebastián Piñera, que deja La Moneda el 11 de marzo.
“Reitero mi inocencia y hago presente que nunca he estado ni estaré por sobre la ley, pero tampoco me corresponde que esté por debajo de la ley”, aseguró el militar que integró por 46 años el Ejército y que fue nombrado como comandante en jefe en el Gobierno anterior, de la presidenta Michelle Bachelet (2014-2018). Martínez dijo que renuncia “pese a que debiera contar con la presunción de inocencia de que goza todo ciudadano, pero que en la práctica aplica para algunos y no para todos”.
En tanto, para las 9 de la mañana de hoy estaba agendado el interrogatorio de la ministra Romy Rutherford al excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez. Sin embargo, el alto oficial no llegó hasta la oficina de la magistrada, crispando aún más las tirantes relaciones entre la defensa del exoficial y la jueza.
Rutherford, por su parte, llegó temprano al tribunal, pasadas las 8.00 de la mañana, para preparar un interrogatorio que ha estado en suspenso toda la semana: el martes, Martínez pidió cambiar la diligencia para después de la entrega del mando; y, ante la negativa de la jueza, pidió declarar en su casa. A ambas solicitudes, la ministra le dijo que no, ayer.
Así, Martínez tenía que llegar hoy al despacho de la magistrada en compañía de su abogado, Juan Carlos Manríquez, pero no lo hizo, lo que podría hacer elevar las tensiones en el caso, pues Rutherford cuenta con la facultad para despachar una orden de arresto a la PDI, pidiendo la detención del excomandante en jefe para ser trasladado al tribunal.
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