Se cumplen veinte años desde que se promulgó la Ley 17.515 que regula el trabajo sexual en Uruguay. En el 2002, los trabajadores sexuales celebraron la regularización de su oficio y la garantía del acceso a la seguridad social y a la salud.
Actualmente, hay cerca de 13.000 trabajadores sexuales según los datos del Ministerio del Interior. En 2018, el año en el que surgió Organización de Trabajadoras Sexuales de Uruguay, eran menos de 100 los inscritos en el Banco de Previsión Social en Uruguay, informó La Diaria.
En aquel momento, la ley marcó avances en la temática como sustituir el término “prostitución” por el de “trabajo sexual”. También se definieron las condiciones laborales y las garantías sanitarias, se creó un Registro Nacional del Trabajo Sexual controlado por los ministerios del Interior y de Salud Pública. El primero, se ocupa del control legal de la actividad, previniendo y reprimiendo la explotación sexual, mientras que el segundo se encarga de que se cumplan las disposiciones sanitarias.
A pesar de eso, ahora los trabajadores sexuales reclaman que la normativa quedó obsoleta y por eso reivindican que se haga una regulación nueva del sector laboral y sus derechos, sacando del medio el enfoque “sanitario” que tiene la ley actual.
La primera acción que lanzó la Organización de Trabajadoras Sexuales fue promover las modificaciones en la legislación actual. El mismo año de su surgimiento lanzaron una campaña de recolección de firmas para modificar la ley, seminarios, debates e intentar poner en la agenda pública las carencias de la normativa.
El 21 de diciembre de 2021, un proyecto de ley ingresó en la Comisión de Legislación del Trabajo y la Seguridad Social de la Cámara de Representantes y será tratado durante el 2022.
La diputada frenteamplista Laura Cafaro dijo que la idea es “hacer una invitación amplia a todas aquellas organizaciones sociales o grupos que estén trabajando este tema o que sea de su interés para que puedan venir a aportar a esto que pretende ser un borrador inicial”.
Se intentará eliminar la visión “sanitaria” y “de control” que cumplen el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Interior y defender un abordaje “que considere el trabajo sexual como un trabajo más, una forma de generar ingresos para quienes lo ejercen”. En esa línea, se intentará que el control del oficio pase a ser del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Los cambios
El documento propuesto incluye una definición de trabajo sexual como “la prestación de servicios de índole erótico-sexual a cambio de una remuneración pecuniaria”. Hay dos elementos centrales que la componen. Una, la prestación de servicios de índole erótico-sexual que permite que quienes suben imágenes a la web y las venden, puedan comercializar y tener una forma de cuidado. Por otra parte, establece que la remuneración pecuniaria sea el único pago posible, a diferencia de la ley vigente que incluye otros tipos de pago.
También aparece el artículo número 18, que establece que “el pago por parte una trabajadora sexual de un porcentaje sobre lo que percibe de sus clientes por sus servicios al dueño o administrador del establecimiento se considerará una presunción simple de proxenetismo”. Eso, en cierto sentido, es una forma de cuidado porque en muchos casos los trabajadores sexuales ceden parte de lo que cobran por su trabajo al dueño del local.
El artículo 19 continúa en esta línea, estableciendo pautas para los responsables de los establecimientos. Por ejemplo, se insta a que los trabajadores tengan un horario laboral determinado, que no se los pueda obligar a atender a personas contra su deseo y que tampoco se las obligue a consumir alcohol o estupefacientes. También se prohibe cobrar multas o retener la documentación de los trabajadores, ni recibir el pago a nombre del trabajador, sino que al suyo.
Otro cambio sería la edad legal para ejercer trabajo sexual: pasar de 18 a 19 años. La abogada Natalia Fernández, quien asesora a la Organización de Trabajadoras Sexuales de Uruguay dijo que se trata con “respecto de situaciones de trata y de explotación sexual que viven personas que no han elegido ese trabajo y que, en muchos casos, lo inician como menores de edad”.
Agregó que se consideró los 19 años y no los 21 “para no dejar a chicas de entre 18 y 21 años en la clandestinidad”.
Se incluyen, además, iniciativas que reajustan el tiempo de vigencia del carné de salud de trabajo sexual, la posibilidad de asociarse bajo forma de cooperativa. En materia sanitaria, la iniciativa resalta la necesidad de ajustar el tiempo de vigencia del carné de salud de trabajo sexual y un Registro de Trabajo Sexual que ya no esté más en la órbita del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Interior.
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