La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó este miércoles de “graves implicancias para la libertad de prensa” en El Salvador debido a las recientes modificaciones al Código Procesal Penal (CPP) para combatir los delitos informáticos que “crean la figura del “agente encubierto digital”.
Según un comunicado del organismo, la reforma, aprobada este martes por la Asamblea Legislativa del país centroamericano, autoriza “operaciones encubiertas digitales que resulten necesarias” bajo aprobación de la Fiscalía General de la República.
El Congreso salvadoreño aprobó los cambios en el instrumento legal con los votos de la bancada de diputados oficialistas.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, afirmó que se trata de medidas de represalia oficial contra el periodismo.
“Con el antecedente reciente de ciberespionaje contra más de 30 periodistas y medios salvadoreños, preocupan que estas medidas puedan ser utilizadas por el Gobierno de forma arbitraria con el ánimo de vigilar y amordazar el trabajo de la prensa”, añadió Canahuati.
Según detalla el comunicado, la reforma, con cinco modificaciones del Código Procesal Penal, también autoriza la presentación de pruebas digitales en los procesos judiciales.
De esta manera, puntualiza, las evidencias incluirían “documentos digitales, mensajes electrónicos, imágenes, videos, datos y cualquier tipo de información que sea almacenada, recibida o transmitida a través de las tecnologías de la información y comunicación o por medio de cualquier dispositivo electrónico”.
La reforma del Código Procesal Penal también autoriza la presentación de pruebas digitales en los procesos judiciales. Las evidencias incluirían “documentos digitales, mensajes electrónicos, imágenes, vídeos, datos y cualquier tipo de información que sea almacenada, recibida o transmitida a través de las tecnologías de la información y comunicación o por medio de cualquier dispositivo electrónico”, de acuerdo con el comunicado.
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, dijo por su parte que “estas medidas que legalizan el espionaje digital ponen en peligro al periodismo investigativo y la confidencialidad de sus fuentes, lo que irá en detrimento del derecho del público a saber”.
La SIP recuerda que semanas atrás, pruebas forenses realizadas por laboratorios especializados en ciberseguridad detectaron que 37 teléfonos móviles de periodistas y representantes de cuatro organizaciones civiles fueron interceptados con el software Pegasus, que la empresa israelí NSO Group solo vende a gobiernos.
Los comunicadores afectados pertenecen a los medios El Faro, Gato Encerrado, La Prensa Gráfica, Disruptiva, El Diario de Hoy y El Mundo, apunta el organismo hemisférico.
(Con información de EFE)
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