El Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha instado a la dictadura cubana a dar cuenta para el 7 de febrero sobre las presuntas desapariciones en relación a las históricas protestas del 11 de julio del año pasad.
La ONG Cubanos por la Democracia, radicada en España, compartió este viernes con la agencia EFE la carta que le remitió este comité de la ONU confirmando este paso en respuesta, entre otras, a su denuncia.
La “intención quimérica” de esta iniciativa, explicó el secretario general de Cubanos por la Democracia, Julio Rodríguez Pellitero, sería que se sancionase a Cuba “por incumplir un acuerdo firmado”.
La misiva de la ONU requiere a La Habana el “número de personas cuya presunta desaparición hubiese ocurrido en el contexto de las manifestaciones del 11 de julio de 2021″.
También pide datos este comité al Gobierno cubano sobre las “medidas adoptadas” para hallar a los desaparecidos, así como el número de personas localizadas a raíz de estos esfuerzos.
Asimismo se le solicita información sobre las investigaciones en torno a estas presuntas desapariciones. Pide además a La Habana que informe sobre las reparaciones a las víctimas y las acciones para prevenir las desapariciones.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas explicó que se le hizo esta solicitud al régimen cubano “tras el análisis de las alegaciones presentadas” por Cubanos por la Democracia y “otras fuentes”.
La denuncia de Cubanos por la Democracia recoge el cálculo de la ONG Prisoners Defenders, que vela por los derechos humanos en Cuba, y que denunció 187 potenciales desapariciones forzadas a raíz de las protestas antigubernamentales del 11 de julio.
Las protestas de julio en Cuba, con demandas ligadas a la grave crisis económica y con peticiones de cambio político, fueron las mayores registradas en década en el país.
Ayer, los tribunales cubanos concluyeron dos semanas de audiencias judiciales contra más de un centenar de manifestantes detenidos luego de históricas protestas en julio y quienes ahora aguardan sentencias tras ser acusados de delitos por los que algunos alcanzarían hasta 30 años en prisión.
Familiares y activistas entrevistados por la agencia AP confirmaron la conclusión de las audiencias orales y calificaron de severas las sanciones pedidas por la Fiscalía, que imputó a los detenidos diversos delitos, como sedición, desórdenes públicos o atentado. Además, alegaron que algunos de los detenidos se sumaron de manera improvisada a las manifestaciones del año pasado, animados por el alborto y no con intención de derrocar al gobierno.
(Con información de EFE)
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