EEUU prohibió la entrada a Daniel Ortega y otros integrantes del régimen por “impedir el regreso de la democracia en Nicaragua”

El Gobierno de Estados Unidos resolvió prohibir la entrada a territorio norteamericano a Daniel Ortega y otros miembros del régimen sandinista por “impedir el regreso de la democracia en Nicaragua”. Así lo informó la Casa Blanca en un comunicado firmado por el presidente Joe Biden.

La misiva sostiene que “a la luz de la importancia para los Estados Unidos de fomentar los procesos e instituciones democráticas en Nicaragua para ayudar al pueblo nicaragüense a lograr sus aspiraciones de democracia, y dada la supresión de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua, he determinado que es en el interés de los Estados Unidos restringir y suspender la entrada a los Estados Unidos como inmigrantes y no inmigrantes, de los miembros del Gobierno de Nicaragua, encabezados por el Presidente Daniel Ortega, incluida su cónyuge y la Vicepresidenta Rosario Murillo, y otras personas descritas en esta proclamación que formulan, implementan o se benefician de políticas o acciones que socavan o lesionan las instituciones democráticas o impiden el retorno a la democracia en Nicaragua”.

“Los actos represivos y abusivos del gobierno de Ortega y de quienes lo apoyan obligan a Estados Unidos a actuar. La represión del gobierno de Ortega contra los líderes de la oposición, los líderes de la sociedad civil y los periodistas en preparación para las elecciones presidenciales y legislativas nicaragüenses de noviembre de 2021 daña las instituciones y los procesos esenciales para una democracia que funcione”.

En tanto, sostiene: “Las acciones antidemocráticas y autoritarias del gobierno de Ortega han paralizado el proceso electoral y han despojado a los ciudadanos nicaragüenses del derecho a elegir a sus líderes en elecciones libres y justas”, detalló el comunicado”.

La misiva firmada por Biden además resalta que “la detención por parte del gobierno de Ortega y la negación de las garantías de un juicio justo a manifestantes pacíficos, líderes de la sociedad civil, líderes del sector privado, líderes estudiantiles, líderes políticos, periodistas y candidatos presidenciales en Nicaragua ahoga el discurso político y el proceso democrático”.

“Las autoridades policiales y penitenciarias contribuyen al clima represivo que promueve el gobierno de Ortega al llevar a cabo arrestos y detenciones por motivos políticos de personas que ejercen sus derechos humanos y mantener a los presos políticos incomunicados, sin acceso a abogados, familiares y la atención médica necesaria. Los familiares y los medios de comunicación han informado de que algunos presos han perdido mucho peso durante su detención, no pueden caminar sin ayuda, han sido recluidos en régimen de aislamiento y son sometidos a frecuentes y extensos interrogatorios. El maltrato físico y psicológico de los presos políticos a manos de la policía y las autoridades penitenciarias es intolerable y no puede tolerarse”, destaca el comunicado.

De acuerdo con el comunicado, “el gobierno de Ortega controla múltiples servicios de seguridad, incluidos grupos parapoliciales no uniformados, armados y enmascarados, que abusan de las personas para promover la agenda autoritaria del gobierno de Ortega, incluso acosando, amenazando y cometiendo actos de violencia contra quienes se oponen al gobierno. Miembros de la Policía Nacional de Nicaragua (NNP), junto con turbas violentas de simpatizantes del gobierno también controladas por actores gubernamentales, han atacado instituciones religiosas en represalia por su apoyo a líderes políticos y religiosos”.

Para el gobierno de Biden, los funcionarios municipales en Nicaragua, actuando por orden directa del dictador Daniel Ortega, “han dirigido la violencia contra los manifestantes a favor de la democracia en sus comunidades y otros actores locales” que se oponen al régimen .

Por este caso, cita ejemplos como los de los alcaldes y alcaldías “leales al gobierno de Ortega” que han organizado y canalizado fondos estatales a grupos parapoliciales que ejercen la represión violenta.

“Estos funcionarios municipales ejercen un enorme poder político y una autoridad presupuestaria discrecional, conferida por los más altos niveles del gobierno de Ortega. El clima de miedo establecido y perpetuado por estos funcionarios municipales ha disminuido la posibilidad de elecciones libres y justas y socavado la democracia en Nicaragua”, añade.

El documento oficial de la Casa Blanca, sostiene que el poder judicial “le ha fallado al pueblo nicaragüense” al politizar el sistema judicial y utilizarlo para encarcelar a los presos políticos.

“Las autoridades han mantenido incomunicados a muchos presos políticos durante meses, sin acceso a sus abogados y sin conocimiento de los cargos falsos presentados contra ellos”, explica.

El texto menciona también “la impunidad generalizada por los crímenes cometidos contra actores de la oposición; la persistente corrupción practicada por funcionarios del gobierno de Nicaragua en el desempeño de funciones públicas que ha erosionado las instituciones democráticas; y el continuo fracaso del presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, los funcionarios del gobierno de Nicaragua y otros en apoyar el estado de derecho, los derechos humanos y otros principios de alta prioridad para los Estados Unidos exigen una respuesta contundente”.

La medida suscrita por el presidente Joe Biden incluye, entre otros, a miembros del Gobierno de Nicaragua, incluidos los funcionarios electos y su personal; Funcionarios de los servicios de seguridad de Nicaragua, incluidas las Fuerzas Armadas de Nicaragua, la PNN, la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, grupos parapoliciales y grupos paramilitares; Funcionarios de la administración penitenciaria de Nicaragua; Altos cargos del Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio del Interior de Nicaragua; Miembros de ministerios del gobierno de Nicaragua, agencias reguladoras, empresas paraestatales, administradores y profesores de educación superior y funcionarios electos que emprendan acciones, incluyendo abusos a los derechos humanos, para negar servicios a quienes realizan esfuerzos pacíficos para exigir el retorno a la democracia en Nicaragua.

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