
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, de mayoría oficialista, canceló este miércoles las personalidades jurídicas a otras tres ONG nicaragüenses, con lo que suman 64 las organizaciones civiles sin fines de lucro ilegalizadas desde diciembre de 2018, a petición del dictador Daniel Ortega.
Las tres ONG ilegalizadas son la Asociación Pro-Universidad Agropecuaria de la Quinta Región, la Asociación Pro-Universidad de Jinotega, y la Fundación Universidad de Mobile Latinoamericana Campus (Fumlac).
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El martes, el Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, había solicitado la cancelación de la personalidad jurídica.

Con la ilegalización de esas otras tres ONG, se elevó a 64 las entidades locales ilegalizadas desde que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril de 2018, que dejó a su vez 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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El decreto de cancelación de las personalidades jurídicas de las tres ONG fue aprobado con trámite urgente con el voto de 86 diputados, ninguno en contra, y otros cinco estuvieron presentes y no votaron, de los 91 legisladores que integran el Parlamento.
En un informe, el Ministerio de Gobernación argumentó que las dos primeras asociaciones no están inscritas en el Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, pese a que se les aprobó la personalidad jurídica desde 1993.
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En el caso de Fumlac, según el informe oficial, se encuentra acéfala desde el 30 de noviembre de 2006 y no ha reportado sus estados financieros correspondiente al período 2004-2020 con sus desgloses detallados, ingresos, egresos, balanza de comprobación, origen y detalles de donaciones, proveniencia y beneficiario final.
Según el informe oficial, esas ONG violaron la Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, y la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
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Según el decreto, los bienes y acciones que pertenezcan a las tres ONG tendrán previa liquidación, de acuerdo al destino previsto en las actas constitutivas o en sus estatutos. ”Si nada se hubiera dispuesto sobre ello, estos pasarán a ser propiedad del Estado”, según el texto.

En Nicaragua, el Ejecutivo de Ortega, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados que son mayoría absoluta en el Parlamento, han ilegalizado al menos 64 ONG nicaragüenses desde diciembre de 2018.
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El Ministerio de Gobernación también ha cancelado los registros y números perpetuos de tres ONG estadounidenses y tres europeas.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión.
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(Con información de EFE)
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