La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, de mayoría oficialista, canceló este miércoles las personalidades jurídicas a otras tres ONG nicaragüenses, con lo que suman 64 las organizaciones civiles sin fines de lucro ilegalizadas desde diciembre de 2018, a petición del dictador Daniel Ortega.
Las tres ONG ilegalizadas son la Asociación Pro-Universidad Agropecuaria de la Quinta Región, la Asociación Pro-Universidad de Jinotega, y la Fundación Universidad de Mobile Latinoamericana Campus (Fumlac).
El martes, el Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, había solicitado la cancelación de la personalidad jurídica.
Con la ilegalización de esas otras tres ONG, se elevó a 64 las entidades locales ilegalizadas desde que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril de 2018, que dejó a su vez 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El decreto de cancelación de las personalidades jurídicas de las tres ONG fue aprobado con trámite urgente con el voto de 86 diputados, ninguno en contra, y otros cinco estuvieron presentes y no votaron, de los 91 legisladores que integran el Parlamento.
En un informe, el Ministerio de Gobernación argumentó que las dos primeras asociaciones no están inscritas en el Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, pese a que se les aprobó la personalidad jurídica desde 1993.
En el caso de Fumlac, según el informe oficial, se encuentra acéfala desde el 30 de noviembre de 2006 y no ha reportado sus estados financieros correspondiente al período 2004-2020 con sus desgloses detallados, ingresos, egresos, balanza de comprobación, origen y detalles de donaciones, proveniencia y beneficiario final.
Según el informe oficial, esas ONG violaron la Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, y la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Según el decreto, los bienes y acciones que pertenezcan a las tres ONG tendrán previa liquidación, de acuerdo al destino previsto en las actas constitutivas o en sus estatutos. ”Si nada se hubiera dispuesto sobre ello, estos pasarán a ser propiedad del Estado”, según el texto.
En Nicaragua, el Ejecutivo de Ortega, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados que son mayoría absoluta en el Parlamento, han ilegalizado al menos 64 ONG nicaragüenses desde diciembre de 2018.
El Ministerio de Gobernación también ha cancelado los registros y números perpetuos de tres ONG estadounidenses y tres europeas.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión.
(Con información de EFE)
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