EEUU y el Reino Unido sancionaron al régimen de Daniel Ortega tras la farsa electoral en Nicaragua

Las medidas del Tesoro del país norteamericano apuntan al Ministerio Público y a nueve altos cargos de la dictadura sandinista. Londres, por su parte, incluyó entre sus prohibiciones de viaje y congelación de activos a Rosario Murillo, esposa del líder sandinista

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, en una fotografía de archivo. EFE/Jorge Torres
El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, en una fotografía de archivo. EFE/Jorge Torres
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Estados Unidos y Reino Unido anunciaron el lunes nuevas sanciones contra funcionarios e instituciones del régimen de Daniel Ortega, en un aparente intento de aumentar la presión diplomática, tras la reelección del líder sandinista en la urnas este mes.

El departamento del Tesoro impuso sanciones al Ministerio Público de Nicaragua y a nueve altos cargos del gobierno, entre ellos varios alcaldes implicados en la “represión contra los derechos humanos y las libertades fundamentales” durante las manifestaciones pacíficas en 2018.

Entre los sancionados figuran el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo; el superintendente de Bancos e Instituciones financieras, Luis Angel Montenegro Espinoza; y el viceministro de Finanzas y Crédito Público, Adrián Chavarría Montenegro.

Estados Unidos dijo que algunos de los funcionarios objeto de las nuevas sanciones “fueron designados para sus cargos gubernamentales por Ortega y son partidarios clave del régimen y sus políticas antidemocráticas”.

También incluyen a varios funcionarios implicados en una violenta represión de las protestas masivas contra el régimen de Ortega en 2018 que se cobraron más de 300 vidas en el país más pobre de Centroamérica, agrega el comunicado.

“Esta acción está dirigida a quienes están reprimiendo a los nicaragüenses por ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales”, dijo el Tesoro.

Más tarde, el ministerio de Exteriores británico anunció prohibiciones de viaje y congelación de activos a ocho funcionarios de alto rango de Nicaragua, entre ellos Murillo, el fiscal general y el presidente de la Corte Suprema.

"Nos faltan más de 280", dice el cartel de la mujer, en referencia a los muertos por la brutal represión del régimen (AFP/ Marvin RECINOS)
"Nos faltan más de 280", dice el cartel de la mujer, en referencia a los muertos por la brutal represión del régimen (AFP/ Marvin RECINOS)

El Reino Unido explicó que las medidas fueron coordinadas con Estados Unidos y Canadá, y justificó la inclusión de Murillo “por su participación en la represión de manifestaciones respaldada por el Estado, el descrédito de periodistas independientes y la exclusión de candidatos de la oposición de las elecciones”.

“El régimen de Ortega está negando al pueblo nicaragüense sus derechos humanos fundamentales”, dijo la ministra británica para Europa y América, Wendy Morton.

“Las recientes elecciones presidenciales fueron manipuladas y políticos de la oposición y manifestantes pacíficos han sido encarcelados sistemáticamente por motivos políticos”, agregó.

Y siguió: “El Reino Unido siempre será un feroz defensor de la libertad en todo el mundo y estas sanciones garantizarán que los responsables de los ataques a la democracia en Nicaragua enfrenten un costo real por sus acciones”.

Washington, que ya había impuesto sanciones a Ortega, Murillo y varios nicaragüenses en su círculo íntimo por acciones en el período previo a las elecciones del domingo, había amenazado con nuevas sanciones desde los comicios del 7 de noviembre, en los que Ortega se impuso tras detener a casi 40 figuras de la oposición, incluidos siete aspirantes a contendientes presidenciales.

Las nuevas sanciones de Washington y el Reino Unido llegan pocos días después que la Asamblea General de la OEA aprobara una resolución que declaró que las elecciones presidenciales en Nicaragua “no fueron libres, justas o transparentes y carecen de legitimidad democrática.”

Estados Unidos había advertido que sopesaba aplicar “consecuencias concretas” para el régimen de Ortega por “abandonar” la democracia.

La resolución del viernes también dijo que Nicaragua ignoró o rechazó las recomendaciones que la OEA hace desde hace tiempo para “promover la democracia representativa y la protección de los derechos humanos”. El documento señala que el gobierno nicaragüense ha dañado las instituciones democráticas del país, y pidió la liberación de los presos políticos.

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