Chile: procesaron por corrupción a Javiera Blanco, ex ministra de justicia de Michelle Bachelet

En un nuevo capítulo de la investigación contra Javiera Blanco, este martes la justicia chilena la formalizó a Javiera Blanco y le prohibió salir del país, tras ser acusada de recibir mensualmente sobres con dinero de gastos reservados de fondos públicos

En marzo del 2020, el Consejo de Defensa del Estado de Chile (CDE), entidad encargada de defender jurídicamente los intereses del Estado, interpuso una querella contra la exministra de Justicia de Bachelet, acusándola de la malversación de $ 49 millones de pesos chilenos (unos 60 mil dólares). Javiera Blanco, quien además fue vocera del comando de campaña para su segunda elección como presidenta, ahora, no puede salir del país y deberá firmar mensualmente hasta el término de la investigación.

La justicia, representada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, indaga los presuntos ilícitos que habrían sido desarrollados entre el 1 de enero de 2007 y el 11 de marzo de 2011, periodo en el que Blanco fue subsecretaria de Carabineros, durante el mismo gobierno.

Javiera Blanco Suárez, de profesión abogada, durante toda su carrera se ha dedicado a la política. Se desempeñó como subsecretaria de Carabineros durante la primera administración de Michelle Bachelet, entre 2006 y 2010 y ministra de Estado de la segunda administración de Bachelet, en los ministerios de Trabajo y Previsión Social, entre 2014 y 2015, y también Justicia y Derechos Humanos en los años 2015 y 2016. Fue además, consejera del Consejo de Defensa del Estado de Chile (CDE) entre 2017 y 2018, entidad que precisamente fue la encargada de presentar la querella que hoy la tiene formalizada.

Se trata de una investigación que abarca cada año en que la abogada ejerció tal cargo, estableciendo que también habría recibido gastos reservados, esto es un ítem sin justificar, entre 2008 y 2010. Específicamente se expone que habría obtenido, además, $42.138.000 (USD 52 mil). Así, serían más de 5 mil los movimientos financieros que el ente persecutor debe aclarar, “siendo de interés criminalístico (en atención las sumas depositadas, fechas y denominación de billetes utilizados), los siguientes movimientos: ocho depósitos, uno de 2006 y el resto en 2007, mediante billetes de $20.000 y billetes de $10 mil”, declara la Fiscalía. La fiscal a cargo del caso, Patricia Cerda también formalizó a otras seis personas, entre ellos, tres ex generales directores de Carabineros, la policía militar chilena, Eduardo Gordon, Gustavo González Jure y Bruno Villalobos.

Tras la audiencia de formalización, se conoció que las intervenciones del equipo que compone la Fiscalía, incluyó informes del periodo que comprende su gestión como subsecretaria de Carabineros, es decir desde septiembre de 2006 hasta marzo de 2010. También, en supuesta concertación con los líderes de la policía, José Bernales Ramírez y Eduardo Gordon Valcárcel, se describe que Blanco “se apropió directa y personalmente de caudales públicos provenientes de gastos reservados de Carabineros en moneda nacional con pleno conocimiento de que no le correspondía percibir esas sumas y teniendo en cuenta, con mayor abundamiento, que la Subsecretaría de Carabineros no se encontraba entre las entidades autorizadas para recibir gastos reservados por la Ley de Presupuesto del sector público con arreglo al Artículo Tercero de la Ley 19.863″. La lectura del texto que la incrimina, estuvo a cargo de Ximena Chong, la fiscal jefe de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte.

Chong expuso que los dineros en cuestión habrían sido utilizados “para distintos fines personales y que le fue entregado mensualmente a través de sobres contendedores de dinero en efectivo en el lugar donde desempeñara sus funciones”. Por lo anterior, a su juicio, se justifica solicitar la medida cautelar de firma semanal y arraigo.

La defensa de la ex subsecretaria acusada, Javiera Blanco, salió a responder los argumentos de la Fiscalía. Así, la abogada Paula Vial alegó que no hay mérito para el establecimiento de las medidas cautelares. “Esta investigación lleva cinco años, mi representada ha cumplido con todo y ahora el Ministerio Público considera que se requiere una firma una vez a la semana por seguridad de la sociedad. En cinco años ella ha circulado dentro y fuera del país, en el norte, el centro y el sur del país sin ningún tipo de dificultad, más que los problemas que ella ha tenido por las investigaciones que le han significado y ahora resulta que tiene que firmar una vez a la semana. A mí me parece que indudablemente no solo no corresponde jurídicamente, sino que es un exceso”, dijo.

En cuanto a la causa por la cual se acusa a Javiera Blanco, Vial alude a una intencionalidad improvisada. “Hemos asistido más que a un audiencia de formalización a un espectáculo que responde a la improvisación y a la arbitrariedad del Ministerio Público. Solo se han aportado pruebas contradictorias, pobres, o de acusados en investigaciones polémicas, no es la primera vez en todo caso” finalizó Vial.

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