
Un ciudadano de Perú fue sentenciado a 110 meses de prisión por operar una serie de centros de llamadas en su país que defraudaron a residentes estadounidenses de habla hispana, amenazándolos falsamente con arrestos y deportaciones.
Henrry Adrian Milla Campuzano, de 37 años y nacido en Lima, se declaró culpable por su papel en la conspiración para cometer fraude postal y electrónico por medio de dos centros de llamadas peruanos que poseía y operaba. Junto con sus cómplices, utilizó declaraciones falsas y amenazas para obtener dinero de personas de habla hispana en Estados Unidos diciéndoles que debían aceptar y pagar cursos de inglés y otros productos educativos ya que, si no lo hacían, podrían enfrentar problemas legales.
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El acusado y sus cómplices amenazaron falsamente con arrestar y deportar a las víctimas para cobrar millones de dólares en el sur de Florida y en todo Estados Unidos. Con la sentencia de este martes en Miami, cinco acusados recibieron importantes condenas de encarcelamiento.
“La Rama de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia perseguirá y enjuiciará a los delincuentes transnacionales que defrauden a los consumidores estadounidenses vulnerables”, dijo Brian M. Boynton, Secretario Interino de Justicia Auxiliar, según la web del Ministerio de Justicia de Estados Unidos.
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“Los acusados en este caso defraudaron descaradamente a personas recién inmigradas prometiéndoles productos gratuitos para mejorar su inglés. En realidad, los acusados atarían a sus víctimas a una trampa de intimidación y miedo, que los dejaba mucho peor, con importantes pérdidas financieras y, muchas veces, cicatrices emocionales por estos crímenes. Con la sentencia de hoy, cinco acusados en este caso comparecieron ante la justicia, lo que demuestra que quienes se aprovechan de los consumidores estadounidenses desde el extranjero no lo pueden hacer con impunidad”, agregó Boynton.

Por su parte, el Fiscal Federal Interino, Juan Antonio González, del Distrito Sur de Florida afirmó que “este caso demuestra que el largo brazo de la justicia no tiene límites cuando se trata de llegar a los estafadores que se aprovechan de las poblaciones más vulnerables de nuestra nación”. “Continuaremos llevando la justicia estadounidense a los delincuentes transnacionales que utilizan tácticas de miedo e intimidación para robarle dinero a inmigrantes, personas mayores y otras personas que viven en este país”, añadió.
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Mientras que Joseph W. Cronin, Inspector a Cargo de la División de USPIS en Miami, aseguró que “el Servicio de Inspección Postal de EEUU constantemente se esfuerza por proteger a nuestras comunidades de los delincuentes depredadores que buscan abusar y explotar a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad”. “Este caso particular es un ejemplo de cómo los inspectores postales perseguirán enérgicamente este tipo de delitos y se asegurarán de que se lleva a los perpetradores ante la justicia para pagar por los delitos que han cometido”, señaló.
Al declararse culpable, Milla admitió que él y sus cómplices afirmaron falsamente ser abogados, funcionarios judiciales, agentes federales y representantes de un llamado “tribunal de delitos menores”, que no existe. Amenazaban a las víctimas con procedimientos judiciales, marcas negativas en sus informes de crédito, encarcelamiento y problemas legales si no pagaban de inmediato los productos supuestamente entregados y las tarifas de liquidación.
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Milla era copropietario de los centros de llamadas Latinos en Acción y Acción Latino en Lima, Perú. Las autoridades del país sudamericano arrestaron a Milla en enero de 2020, basado en la solicitud de extradición de Estados Unidos. Él y otros cuatro acusados fueron extraditados al Distrito Sur de Florida en octubre de 2020. Además de Milla, Jerson Rentería fue sentenciado a 100 meses en prisión, mientras que Fernan Huerta, Omar Cuzcano y Evelyng Milla fueron condenados a cumplir 90 meses de cárcel cada uno.
Dos acusados adicionales en el caso, Carlos Espinoza Huerta y Josmell Espinoza Huerta, evitaron ser arrestados al momento de la detención de los otros cinco acusados en Perú. Luego fueron localizados y el 25 de junio extraditados a Estados Unidos. Actualmente se encuentran detenidos en el Centro Federal de Detención de Miami. Su juicio está programado para el 14 de febrero de 2022.
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