El relator especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, llamó este viernes a la comunidad internacional a tomar acciones contra el “desmantelamiento de la judicatura” en El Salvador por parte del presidente Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa.
”Hago un llamado a la comunidad internacional a tomar acciones y condenar el desmantelamiento de la judicatura de El Salvador por autócratas faltos de memoria histórica, que atropellan los estándares internacionales adoptados por las Naciones Unidas”, publicó en Twitter.
García-Sayán, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se manifestó “consternado por las medidas autoritarias impulsadas por el presidente Bukele y la Asamblea Legislativa en la que tiene mayoría”.
”El último paso es demoler la institucionalidad e independencia tanto del sistema judicial como de la Fiscalía”, agregó.
Los señalamientos se dan días después de que la Asamblea Legislativa del periodo 2021-2024, de amplía mayoría oficialista votó, como una primera acción, la destitución de los magistrados constitucionales y el fiscal general, con los que el presidente Nayib Bukele tuvo enfrentamientos durante el último año. Presuntamente lo hizo para “depurar” el sistema judicial.
Estados Unidos y Human Rights Watch (HRW) han criticado la decisión, que los jueces afectados buscarán recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
”Desde que los partidarios de Bukele tomaron el control de la Asamblea de El Salvador en mayo, han tomado medidas drásticas que parecen tener como objetivo destruir la independencia de la Corte Suprema y la Fiscalía General”, apuntó en un comunicado José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
La medida no afecta a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre los que se encuentran ex asesores y abogados de altos funcionarios del Gobierno.
Un grupo de jueces llegó el jueves a la CSJ para pedir audiencia y que el pleno de este órgano solicite la derogación de las reformas, pero no fueron recibidos por los magistrados.
La medida le valió al Estado una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por parte de organizaciones de la sociedad civil. Zaira Navas, representante de la organización humanitaria Cristosal, dijo en una conferencia de prensa que se solicita a la CIDH, que una vez se realice el análisis correspondiente, condene al Estado salvadoreño y ordene reparar el daño provocado, reinstalando en sus cargos a los magistrados de la Sala de lo Constitucional destituidos.
Además, se pide que, si es necesario, el caso se eleve a la Corte Interamericano de Derechos Humanos (Corte IDH).”Las formas atropellas que dieron lugar a esta decisión apunta a que fue una maniobra del oficialismo para cooptar a la Sala de lo Constitucional que había señalado, en reiterada ocasiones, la actuación inconstitucional del Ejecutivo”, apunta un comunicado.
El miércoles, varios jueces de El Salvador rechazaron el decreto de la Asamblea Legislativa por irrespetar la independencia judicial. El juez José Alberto Franco, leyó un pronunciamiento de sus pares en el que se tacha de “inconstitucional” esa decisión.
Consideran que los diputados “no tienen iniciativa de ley en lo concerniente a la carrera judicial” y sostienen que se “vulnera la independencia judicial”.
La Presidencia salvadoreña aseguró que con el decreto legislativo del martes “inicia el proceso de depuración del sistema judicial”, pero los jueces, en cambio, consideran que ya “existen mecanismos institucionales previamente establecidos que determinan la forma de sancionar o remover magistrados y jueces”.
Los letrados adelantan que acudirán a instancias legales nacionales e internacionales “para restituir el Estado Constitucional y democrático, derecho gravemente afectado con dicho decreto”.
El pasado 1 de mayo, la Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo destituyó a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General. De inmediato nombró a nuevos funcionarios.
(Con información de EFE y AFP)
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