La dictadura cubana se niega a informar cuántas personas arrestó tras las masivas protestas del pasado 11 julio en la isla. Algunas organizaciones no gubernamentales internacionales estimaron en unos 600 los encarcelados. Ahora, las autoridades de la isla informaron que de 67 juzgados por las manifestaciones y que presentaron una apelación, apenas 11 fueron resueltas a favor de los acusados.
Según informó el magistrado Joselín Sánchez del Tribunal Supremo Popular (TSP) al portal oficial Cubadebate, hasta la fecha se procesó a 67 personas en 23 causas, de las cuales una resultó absuelta en la primera instancia -en una corte municipal- y 45 presentaron apelaciones al siguiente nivel, las cortes provinciales.
Sánchez indicó que de las personas que habían interpuesto demandas 32 casos ya fueron resueltos y en 11 de ellos se había dado lugar a los reclamos, por lo que se modificó la sanción original.
En varios casos se cambió la pena permitiendo que los acusados paguen sus condenas en sus casas. Además, aclaró que otras 27 personas que tenían este tipo de libertad controlada no respetaron las condiciones, por lo que les fue revocado el permiso.
Sin embargo, ante las presiones internacionales y las denuncias de distintas organizaciones que señalan que los detenidos no tiene acceso a un juicio justo, y que también carecen de defensas que los representen realmente en sus reclamos, se cree que la dictadura cubana divulgó esta información para dar una aparente apariencia de normalidad sobre el funcionamiento de su sistema de Justicia.
La Fiscalía cubana había dicho anteriormente que las figuras asociadas a estas personas fueron las de menor peligrosidad como desorden público -que prevé penas de multa o de hasta un año de cárcel-, por lo que aún falta llevar ante los jueces a aquellos que supuestamente cometieron delitos de mayor violencia como asalto o saqueo.
Recientemente, un grupo de activistas cubanos inició una campaña de recolección de firmas a través de la plataforma online Change.org para exigir al régimen de Miguel Díaz-Canel que haya “justicia para los manifestantes del 11 de julio”.
“La emergencia sanitaria y social desencadenó el pasado 11 de julio una manifestación general de carácter pacífico que, a su vez, tuvo como respuesta gubernamental la más grande ola represiva reportada en el país durante las dos últimas décadas”, explica la solicitud, formulada por un conjunto de mujeres de La Habana, de las ciudades estadounidenses Miami, Maryland y Hartford y de la localidad española Valencia. Entre las firmas se destacan las de la artista visual Tania Bruguera, la escritora María Matienzo, la periodista Luz Escobar y la abogada y fundadora del centro de asesoría legal Cubalex, Laritza Diversent.
El documento presenta 12 demandas al presidente Miguel Díaz-Canel, a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, a la Fiscalía General de Cuba y al Tribunal Supremo Popular “a un mes de las manifestaciones en las 15 provincias del país y en su municipio especial Isla de la Juventud; de iniciadas las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas con carácter masivo, y de haber comenzado la recopilación de informaciones y el acompañamiento a familiares de las víctimas directas de la represión”.
Amparado en los artículos 42, 53, 51, 56 y 61 de la Constitución vigente en Cuba y en los artículos 8, 9, 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la campaña solicita justicia por los detenidos considerando también la crisis sanitaria causada por la pandemia del COVID-19 y “las condiciones deplorables en que se encuentran los centros de reclusión del país, según denuncian las personas excarceladas”.
(Con información de AP)
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