En la última semana, el gobernante MAS, el presidente Luis Arce, y el líder del movimiento, Evo Morales, recibieron tres reveses por parte de organismos internacionales en temas cruciales para la política boliviana.
Esos golpes contra el oficialismo llegaron por parte de la Unión Europea (UE), de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en distintos temas vinculados a los episodios del 2019.
La Unión Europea rechazó las acusaciones sobre una “conspiración”
El pasado 5 de agosto, la Unión Europea respondió a las acusaciones del procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, también abogado de Morales, quien llamó “delincuentes” a representantes diplomáticos, políticos y de la Iglesia Católica que se reunieron en instalaciones de la Universidad Católica Boliviana los días críticos de noviembre de 2019.
En cambio, la delegación de la Unión Europea (UE) y misiones diplomáticas acreditadas en La Paz rechazaron haber participado en una “conspiración” y un “golpe de Estado” contra el ex presidente boliviano Evo Morales en 2019.
La UE dijo en su pronunciamiento que junto a la Iglesia católica “ayudó a pacificar el país en tiempos de extrema tensión, facilitando una plataforma de diálogo, con el propósito de evitar más violencia y poner fin a la crisis que sacudió al país”.
Esas mesas de diálogo se produjeron entre oficialistas y opositores en medio del caos social, con un motín policial y con militares que le quitaron el respaldo a Morales.
Para la OEA, Morales se benefició de irregularidades en 2019
Una oficina de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) ratificó el pasado lunes que en los comicios de 2019 en Bolivia el expresidente Evo Morales se benefició de irregularidades, asestando un nuevo golpe al MAS y al ex presidente Morales.
La Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la organización dijo en un comunicado que “reitera los hallazgos del análisis de integridad electoral de 2019 en Bolivia” que dijo entonces que hubo “una manipulación dolosa”.
El informe de 2019 apoyó la versión de los opositores que denunciaron que Morales, en el poder desde 2006, fue responsable de las irregularidades para permanecer en el poder hasta 2025.
A pedido de Morales, la OEA realizó una auditoría integral a las elecciones de octubre de 2019, y concluyó que “hubo una manipulación dolosa e irregularidades graves que hacen imposible validar los resultados emitidos originalmente por las autoridades electorales bolivianas”.
La oficina de la OEA, en su comunicado, enumeró las irregularidades halladas en los comicios de ese año. Mencionó, por ejemplo, una “paralización dolosa del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) [de conteo rápido]” y la existencia de “servidores [informáticos] clandestinos”.
El sistema TREP fue parado por unos días, sin una explicación clara del Tribunal Supremo Electoral, mientras los opositores dijeron que mostró un cambio de tendencia de votos a favor de Morales.
La oficina de la OEA afirmó que hubo una “provisión de información falsa”, el “llenado doloso e irregular de actas de escrutinio”, “irregularidades en manejo de actas del exterior” y el “ingreso de al menos 1.575 actas del TREP (ambiente cuya red fue vulnerada y manipulada) directamente al cómputo oficial”.
La CIDH afirmó que la reelección indefinida atenta contra la democracia
Por último, el viernes pasado, la CIDH publicó una opinión consultiva en la que determinó que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano y que atenta contra los principios democráticos.
”La reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni por el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos”, estableció la CIDH en la opinión consultiva solicitada desde 2019 por el Estado de Colombia.
La Corte también advirtió que “el mayor peligro actual para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional, sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario, incluso si este es electo mediante elecciones populares”.
El resultado de la opinión consultiva era ampliamente aguardado por la oposición boliviana que buscaba inhabilitar la candidatura de Evo Morales en los comicios generales de ese año, anulados luego entre denuncias de fraude a favor del ex presidente que aspiraba a un cuarto mandato consecutivo.
El ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002), impulsor de la iniciativa, destacó que la CIDH señalara que “el prorroguismo no es un derecho humano, que quedarse en el poder como pretendía Evo Morales no está amparado por la Convención Interamericana”.
Para Quiroga, la intención de Morales de “prorrogarse” en el poder desató la “crisis democrática” que Bolivia ha vivido en los últimos cinco años y medio, por la que responsabilizó también a los oficialistas que insistieron en habilitarlo para los comicios de 2019 y los magistrados del Tribunal Constitucional y vocales electorales que avalaron su postulación.
”Hoy el debate terminó. Evo Morales fue un candidato inconstitucional e ilegal”, manifestó Quiroga y agradeció al presidente de Colombia, Iván Duque, por plantear la opinión consultiva.
También el ex presidente Carlos Mesa (2003-2005) consideró en Twitter que el pronunciamiento de la Corte fue una “derrota histórica de Morales” y celebró la “reparación histórica de la democracia en Bolivia” con este “fallo vinculante”.
En un video difundido por medios locales, Morales sostuvo que le había “sorprendido que la CIDH diga que la reelección no es un derecho humano” porque el artículo 23 del Pacto de San José “afirma” lo contrario.
Morales pudo presentarse a esos comicios del 2019 con el aval del Constitucional que en 2017 reconoció a instancias del oficialismo boliviano el derecho humano de los mandatarios a ser elegidos y del pueblo a elegirlos.
El gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) insistió en la reelección de Morales pese a que la Constitución boliviana limita a dos los mandatos consecutivos y a un referendo que en 2016 le negó la posibilidad de volver a postular.
Pese a esos tres golpes a la narrativa Masista y a las aspiraciones de Morales de cara al futuro en aspectos cruciales de la democracia nacional, el ex mandatario cocalero celebró como una victoria el resultado de una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los sucesos de 2019.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló el martes que entonces se registraron masacres de fuerzas militares y policiales contra civiles, incluyendo “ejecuciones sumarias”.
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