La Fiscalía Metropolitana Centro Norte de Santiago solicitó 15 años de cárcel para el ex comandante en Jefe del Ejército de Chile, Juan Manuel Fuente-Alba, quien está procesado por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos.
Junto a él también está su esposa, Ana María Pinochet (sin relación familiar con el ex dictador Augusto Pinochet), quien podría pasar 10 años y 1 día de cárcel por el delito de ocultamiento del origen del dinero fiscal malversado proveniente de los gastos reservados del Ejército.
El fiscal José Morales junto con pedir estas penas, también solicitó el decomiso de cinco propiedades del matrimonio: una parcela en las Brisas de Chicureo y cuatro departamentos en la comuna de Las Condes, ambas localidades ubicadas en Santiago de Chile.
El general Fuente-Alba, de 67 años, estuvo a cargo de la jefatura del Ejército de Chile desde el 9 de marzo de 2010 al 9 marzo del 2014. Su asunción se concretó solo unos pocos días después de ocurrido el megaterremoto chileno de 8.8 grados en febrero del 2010. En la acusación en contra de Fuente-Alba se asegura que el ex mandamás se habría apropiado sistemáticamente de dineros provenientes de los gastos reservados que tenían otro propósito.
“En el desempeño de su cargo como comandante en Jefe del Ejército” Fuente-Alba instruyó al jefe de finanzas “para que parte de los recursos fiscales recibidos por concepto de gastos reservados fueran entregados en forma parcializada, y de acuerdo a requerimiento verbal del propio imputado de una cantidad total de $ 2.980.000.000 (USD 3.769.700) a razón de $ 745.200.000 (USD 942.678) anuales, con el objeto de ser destinados a lo que se denominó como recursos extraordinarios del comandante en Jefe del Ejército o recursos de libre disponibilidad”, sostiene la acusación.
El fiscal Morales además añadió que “tales recursos eran recibidos por los oficiales de Ejército que se desempeñaban como jefe de finanzas de la Comandancia en Jefe de Ejército, en dinero en efectivo -ya sea en dólares o en pesos chilenos- sin que quedara registro contable o de otra naturaleza”, y que este mismo oficial después “procedía a guardarlos en la caja fuerte mantenida especialmente para tales efectos en la Comandancia en Jefe del Ejército”.
La pareja aumentó su patrimonio en más de 280% en siete años, donde los gastos en la familia del general alcanzaron los $7.300.000.000 (USD 9.234.500), utilizando precisamente el dinero correspondiente a gastos reservados.
Seis años de investigación
Tras la presentación de estos antecedentes también se conoció que fueron seis años de intensa investigación en las cuentas de la familia Fuente-Alba para dar trazabilidad a los gastos del ex general y de su entorno.
“Con el fin de ocultar el uso de estos recursos, el imputado instruía en forma verbal que se destruyera cualquier documento de respaldo que diera cuenta del verdadero destino de los fondos fiscales” y además se descubrió que Fuente-Alba “dispuso que estos fondos fiscales fueran utilizados en su propio beneficio y/o el de terceros distrayéndolos de los fines legales”.
El fiscal Morales además precisó que sobre el delito de lavado de activos el matrimonio realizó “conductas constitutivas del delito de lavado de dinero, de forma reiterada, a lo menos, entre los años 2010 al 2016, con el objeto de ocultar y disimular el origen ilícito de los mismos”.
La labor de los bancos
Durante este lunes el fiscal Morales se volvió a referir a esta causa y en esta ocasión apuntó a los bancos por su eventual responsabilidad en este caso.
Según el persecutor, Fuente-Alba tenía acceso a $1.100.000.000 (USD 1.391.500) al año y a 2 millones de dólares “que hasta el año 2020 tenían una regulación bastante precaria que permitían obviamente que estos dineros no tuviesen ningún tipo de control después que eran extraídos desde BancoEstado en dinero en efectivo”.
Después que eran extraídos desde los bancos, “no había ninguna trazabilidad de cómo se gastaba, ningún reporte documental de cómo se gastaban estos bienes y en el caso del imputado Fuente-Alba, si es que eran gastados en fines propios”, manifestó Morales.
Finalmente el fiscal sostuvo que los bancos “facilitaron muchas operaciones para los efectos que esta persona siguiera con sus delitos y se aprovechara de los bienes que se había apropiado del patrimonio nacional”.
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