La dictadura de Daniel Ortega llamó este lunes a consultas a sus embajadores en México, Colombia, Argentina y Costa Rica, según anunció la vicepresidenta Rosario Murillo, quien indicó que se debe a una acción de “reciprocidad” en el marco de la Convención de Viena.
“El Gobierno de Nicaragua ha observado y considerado con seriedad y madurez, con gran paciencia los constantes e inmerecidos señalamientos irrespetuosos, injerencistas, intromisores e intervencionistas en nuestros asuntos internos de parte de las máximas autoridades de estos países, sobre temas que solo conciernen a nuestro pueblo y Gobierno, y además refiriéndose cínica e inescrupulosamente a situaciones que pretenden ignorar y que son lesivas de los derechos humanos en sus propios países”, manifestó Murillo.
“Dejamos establecidas una vez más nuestra posición de dignidad nacional, de derecho a la soberanía, el respeto a nuestro derecho a la soberanía que es la paz”, agregó.
Los embajadores que fueron llamados a consultas por el régimen son Duilio Hernández Avilés (Costa Rica), Orlando Gómez (Argentina), Juan Carlos Gutiérrez Madrigal (México) y Yara Pérez (Colombia).
Argentina y México, dos países que en los últimos tiempos se negaron a condenar la persecución del régimen sandinista contra la oposición de cara a las elecciones de noviembre, llamaron a sus embajadores el pasado 21 de junio. En un comunicado conjunto, ambos países anunciaron que los embajadores Mateo Daniel Capitanich (Argentina) y Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez (México) realizarán en sus países consultas sobre las “preocupantes acciones políticas-legales realizadas por el gobierno nicaragüense en los últimos días que han puesto en riesgo la integridad y la libertad de diversas figuras de la oposición (incluidos precandidatos presidenciales), activistas y empresarios nicaragüenses”.
Pese a este llamado, los gobiernos de Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador se abstuvieron de condenar en la Organización de Estados Americanos (OEA) la violación a los derechos humanos de la dictadura de Nicaragua. La resolución, avalada por 26 países miembros -entre ellos Estados Unidos, Brasil y Colombia-, exigía, entre otras cuestiones, “la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos”.
La vicepresidenta Murillo aseguró que la decisión del régimen refleja que en el país se combatieron todas las formas de “intervención”. “En nuestros asuntos y en nuestro territorio rechazamos categóricamente estas inaceptables modalidades de imitación caricaturescas de quienes violentado nuestras propias y sagradas tierras de patria se han arrogado funciones que nadie les ha otorgado en abierta violación del derecho internacional, de los derechos humanos y en vergonzoso seguidismo de potencias colonialistas, imperialistas y destructoras de nuestras culturas y modos de vida, el gobierno de esta Nicaragua bendita y siempre libre lamenta tomar esta medida que solo exige respeto a normas de convivencia pacíficas, reverentes y armoniosas entre naciones y pueblos que nos debemos a nuestra historia común”.
Estas declaraciones de Murillo tienen en lugar en medio de la cruda persecución del régimen de Ortega contra la oposición de cara a las elecciones de noviembre. Desde principio de junio, la Justicia de Nicaragua comenzó una cacería sobre dirigentes opositores. Ya fueron arrestados 32, muchos de ellos de noche, y sus casas allanadas sin orden judicial. Ocho de ellos tenían aspiraciones de competir en las elecciones de este 7 de noviembre. Los cargos del régimen en su contra insisten en conceptos difusos como “atentar contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”.
La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, un consuegro de Ortega, ha arrestado a los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, que también están siendo investigados por supuesta traición a la patria.
Además, a dos ex vicecancilleres, dos históricos ex guerrilleros sandinistas disidentes, un dirigente empresarial, un banquero, una ex primera dama, cinco dirigentes opositores, dos líderes estudiantiles, dos dirigentes campesinos, un periodista, un comentarista, dos ex trabajadores de una ONG y un conductor de Cristiana Chamorro.
En este contexto, el régimen también inhabilitó para participar en los comicios a distintos bloques opositores. El sábado pasado Estados Unidos criticó la decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua de cancelar la personería jurídica de la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL) y subrayó que el proceso electoral en ese país, incluidos sus eventuales resultados, “ha perdido toda credibilidad”.
En un comunicado, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, tachó de “maniobra autocrática” la medida y señaló que pone de manifiesto “el deseo” del dictador Ortega, y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, de permanecer en el poder “a toda costa”.
La Unión Europea (UE), por su parte, consideró este lunes que la decisión del Consejo Supremo Electoral dificulta la posibilidad de unas elecciones legítimas y creíbles. El Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, dijo en un comunicado que Ortega y Murillo “quieren ganar las elecciones sin competencia”.
La UE considera que “la oposición ha sido eliminada” y que se está privando a los nicaragüenses del derecho al voto “en unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes, de conformidad con la Constitución de Nicaragua y las leyes y normas internacionales de derechos humanos”.
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