El régimen de Daniel Ortega arremetió contra las esposas de los candidatos opositores detenidos

El Ministerio Público de Nicaragua informó este martes que inició una investigación contra Berta Adelma Valle Otero y Victoria Eugenia Cárdenas Lacayo, las esposas de dos de los siete aspirantes presidenciales nicaragüenses detenidos, por presuntamente atentar “contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense”.

“La semana pasada Berta Adelma Valle Otero y Victoria Eugenia Cárdenas Lacayo sostuvieron varias reuniones con senadores, congresistas y otros funcionarios del Gobierno de Estados Unidos; reuniones en las que solicitaron utilizar mecanismos de presión en contra de Nicaragua”, indicó la Fiscalía, en una declaración.

Por tal razón, la Policía Nacional realizó investigación, y el Ministerio Público, habiendo hecho el debido análisis, presentará acusación, “ya que tales acciones se consideran violatorias al ordenamiento jurídico interno”, continuó.

Según el Ministerio Publico, “existen claros indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, y el Código Penal.

“Han realizado actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua y públicamente han solicitado en distintos foros internacionales la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidiendo bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del Estado de Nicaragua, sus instituciones y ciudadanos”, sostuvo.

Esa polémica ley, promovida por el Ejecutivo y aprobada con carácter urgente por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, en diciembre pasado, cataloga los “traidores a la patria” y los inhabilita a optar a cargos públicos.

PIDIERON A BIDEN QUE “VUELVA LA MIRADA HACIA NICARAGUA”

Valle y Cárdenas llegaron la semana pasada a Washington para exponer la situación de sus esposos Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, respectivamente, detenidos el pasado 8 de junio bajo acusaciones de las autoridades de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos” de Nicaragua, extremo que ambas rechazan.

En Washington pidieron al presidente de EE.UU., Joe Biden, que utilice “todos los mecanismos disponibles” para lograr la liberación de los “presos políticos” y se dé paso a una transición democrática en el país centroamericano.

Valle, quien vive en Miami (EEUU) junto a su hija, pidió a Biden que “vuelva la mirada hacia Nicaragua” y “utilice todos los mecanismos que estén a su alcance para exigir la liberación incondicional” de sus esposos y de los más de 140 “presos políticos” en su país.

Cárdenas, por su lado, dijo que no confían en las “circunstancias actuales para que se den unas elecciones creíbles y legítimas” en las que Nicaragua “pueda lograr su libertad”.

OLA DE ARRESTOS EN NICARAGUA

Casi una treintena de dirigentes opositores han sido detenidos en los últimos dos meses por el presunto delito de “traición a la patria” a menos de cuatro meses de las elecciones generales de noviembre, en las que el presidente del país, el sandinista Daniel Ortega, buscará una nueva reelección.

La Policía, que dirige Francisco Díaz, un consuegro de Ortega, ha arrestado a los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, que también están siendo investigados por supuesta traición a la patria.

Además, a dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un dirigente empresarial, un banquero, una ex primera dama, seis dirigentes opositores, dos líderes estudiantiles, dos dirigentes campesinos, un periodista, un comentarista, dos extrabajadores de una ONG y un conductor de Cristiana Chamorro.

Las detenciones de líderes opositores se producen de cara a los comicios del próximo 7 de noviembre en los que Ortega, un exguerrillero sandinista que retornó al poder en 2007 y que desde 2017 gobierna junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, buscará extender su mandato por cinco años más.

El dictador, próximo a cumplir 76 años y que coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidió por primera vez el país entre 1985 y 1990, ha acusado a los líderes opositores de intentar derrocarlo con el apoyo de Estados Unidos y los ha tildado de “criminales”.

(Con información de EFE)

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