“La Comisión Interamericana de DDHH condena las detenciones de Noel Vidaurre, séptimo precandidato presidencial y Jaime Arellanoe, comentarista político. Además, reitera su llamado urgente al Estado de Nicaragua a liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente, y a restablecer las garantías para el pleno goce de derechos civiles y políticos, en particular, de quienes aspiran a cargos de elección pública”, afirmó el organismo en su cuenta de Twitter.
El aspirante a la Presidencia de Nicaragua Noel Vidaurre fue puesto este sábado bajo arresto domiciliario, con lo que totalizan siete los dirigentes detenidos que aspiran a la primera magistratura.
A tres meses de las elecciones, además de Vidaurre, los otros candidatos arrestados son: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Miguel Moral, Juan Sebastián Chamorro -primo de Cristiana- y Medardo Mairena.
El comentarista Jaime Arellano, también fue puesto bajo arresto domiciliario. Ambos fueron quedaron “bajo custodia policial” en su domicilio acusados de “menoscabar la independencia, la soberanía, la autodeterminación e incitar la intervención extranjera”, según un comunicado de la policía.
Vidaurre, de 66 años, competía por la candidatura de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (CXL-derecha), una de las agrupaciones acreditadas ante el tribunal electoral para las elecciones generales del 7 de noviembre.
Las postulaciones a la presidencia deben inscribirse entre el 28 de julio y el 2 de agosto y en Nicaragua, si una persona está bajo investigación de delitos o arresto no puede postularse a cargos de elección.
Aunque Daniel Ortega no ha anunciado oficialmente que buscará la reelección, sus allegados dan por hecho que será candidato por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN-izquierda). El ex guerrillero de 75 años gobernó entre 1979 y 1990, volvió al poder en 2007 y logró reelegirse dos veces consecutivas en medio de denuncias de fraude de la oposición. Su esposa, Rosario Murillo, es la vicepresidenta.
Ante sanciones y críticas de la comunidad internacional, Ortega afirma que los detenidos no son candidatos ni opositores sino “criminales” que se organizaron con financiamiento de Estados Unidos para dar un golpe de Estado. Sin embargo, los arrestos se producen bajo una polémica ley aprobada sin debate en el Congreso.
La jefa de la diplomacia estadounidense para América Latina, Julie Chung, escribió en Twitter: “El día que los votantes nicaragüenses confirman su inscripción (en el padrón), Ortega y Murillo arrestan a otros dos opositores políticos”.
“El candidato presidencial Noel Vidaurre y el periodista Jaime Arellano son sólo las últimas víctimas de una campaña despreciable para criminalizar la oposición pacífica”, añadió.
El proceso electoral sigue
Las etapas del proceso electoral, administrado por magistrados en su mayoría del FSLN, avanzan según el calendario y al margen de la ola de detenciones de opositores.
Este fin de semana el Consejo Supremo Electoral (CSE) llamó a la población a visitar los centros de votación para confirmar si sus nombres aparecen en padrón a fin de conocer dónde deberá votar el día de la elección.
La agrupación CXL denunció que en el padrón provisional entregado por el CSE a los partidos políticos hay una reducción de más de 750.000 ciudadanos, respecto al empleado en los últimos comicios de 2016. “No sabemos si son ciudadanos cedulados o si fueron eliminados del padrón ya que no hay un código que los identifique”, dijo CXL tras exigir al tribunal que explique con “carácter de urgencia” como desaparecieron casi 800.000 votantes en cuatro años.
“Yo no confío en el Consejo Electoral, pero veo que esta es una necesidad (...) necesitamos una buena dirección en este país, un gobierno que sea de verdad, un gobierno que no sea de mentira”, dijo Mario López, mientras hacía fila.
“Aquí lo más importante es que actualizamos el padrón electoral, la persona que quiera decir que no es así, esta equivocada”, manifestó de su lado Jennifer Hernández, en un barrio al oeste de Managua.
La verificación, que transcurrió sin incidentes, cuenta en el respaldo de partidos de oposición con representación parlamentaria a quienes grupos que carecen de legisladores acusan de colaboracionistas con el gobierno.
Entre los sectores sin representación parlamentaria, algunos piden a la población cumplir con la verificación para estar preparados ante cualquier escenario, mientras otros la rechazan al considerar que con ello avalan un proceso que califican de viciado.
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