
El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, controlado por miembros afines al gobierno de Daniel Ortega, dejó fuera de las elecciones presidenciales de noviembre a un importante bloque de la oposición, encabezado por el Partido Restauración Democrática (PRD), argumentando que la formación se ha alejado de “los principios bíblicos” del pueblo.
El frente, que pretendía aglutinar a una decena de organizaciones cívicas que participaron en las protestas de 2018 para reclamar la renuncia de Ortega, argumenta que el representante de la formación se alió a personas que “promueven antivalores que no se corresponden con los principios evangélicos y cristianos”.
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La declaración del Consejo Supremo Electoral (CSE) hace lugar a un pedido de un grupo de ciudadanos que argumentan que el bloque no se corresponde con “la moral y los postulados ideológicos de los principios bíblicos del pueblo cristiano nicaragüense”.
El director de Human Rights Watch, José María Vivanco, denunció el jueves en su cuenta de Twitter el atropello y agregó que “Ortega está listo para robarse las elecciones”.
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El martes, la entidad electoral, controlada por los sandinistas, declaró “la cancelación de personalidad jurídica del partido político” PRD, dijo a periodistas el presidente y representante legal de ese colectivo, Saturtino Cerrato. “Vinieron a dejarme una cédula de notificación (del CSE) y dice que resuelve único cancelar la personería jurídica del Partido de Restauración Democrática”, indicó Cerrato, quien explicó que “esas decisiones son inapelables”.

El dirigente político atribuyó la medida a la impugnación contra su partido hecha en la víspera por “supuestos pastores” evangélicos que se presentaron a la sede del Poder Electoral.
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Un grupo de evangélicos pertenecientes a distintas iglesias recurrieron el lunes ante el Poder Electoral para impugnar cualquier tipo de alianzas con otros grupos opositores y reformas a los estatutos que haga el PRD, después que ese colectivo confirmara el fin de semana una alianza con movimientos políticos.
“Que yo sepa una persona civil y natural no puede impugnar un partido político. Ellos ni siquiera son miembros del PRD”, señaló Cerrato.
“Este es un proceso electoral totalmente deslegitimado con la inhibición de la principal fuerza política de oposición, cuyos integrantes han tenido un papel relevante y decisivo en las protestas” del 2018, protestó uno de los miembros de esta alianza, la Unión Democrática Renovadora (Unamos), conformada por disidentes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
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Para la ex guerrillera sandinista Dora María Téllez la decisión del CSE, controlado por el oficialismo, es una orden del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
”Ortega lo que quiere hacer es sacar a la oposición del juego electoral, porque sabe que esa oposición lo puede derrotar”, indicó Téllez, actualmente crítica del mandatario y líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
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A juicio de la ex guerrillera, “Ortega quiere estar en la boleta electoral solo con su esposa” como compañera de fórmula, para no tener competencia .”Es una dictadura atemorizada. La Coalición Nacional es una fuerza y esa decisión evidencia del terror de la dictadura”, señaló.
La variopinta Coalición Nacional está conformada por el PRD y el indígena Yatama que se encuentra suspendido, además de las organizaciones Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), Unidad Nacional Azul y Blanco -que incluye a disidentes sandinistas-, y el Movimiento Campesino.
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Los representantes de Yatama y del Movimiento Campesino han guardado distancia de la Coalición durante este mes.
La oposición nicaragüense no logró registrar una alianza electoral para disputarle el poder al presidente Ortega en los próximos comicios, lo que había abierto las puertas a dos opciones: recurrir al “voto útil” o que surja una tercera vía.
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La abstención es el otro fantasma que recorre el ambiente político luego que fracasara la alianza electoral entre los dos principales bloques opositores.
Los opositores, que se encuentran fragmentados, buscan cómo derrotar a los sandinistas, dirigidos por Ortega, de 75 años, que el 10 de enero cumplió 14 años consecutivos en su segunda etapa como presidente de Nicaragua, tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.
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Para el ejecutivo de Ortega, las protestas de 2018 constituyeron un fallido golpe de Estado promovido por Estados Unidos.
Los candidatos deben definirse en julio, para las elecciones legislativas y presidenciales del mes de noviembre.
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